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El periodo de prueba en una relación laboral es ese lapso de tiempo que se le da al empleado para comprobar si se adapta bien a las exigencias del puesto de trabajo, y si este cumple sus expectativas. Pues bien, los despidos a trabajadores durante el periodo de prueba llegaron a crecer hasta un 848% en mayo del año 2022, y ya suponen un 72% del total de todas las extinciones de contrato, un fenómeno tan inusual que el Ministerio de Trabajo ha decidido tomar cartas en el asunto.
La Inspección de Trabajo va a poner en marcha una campaña para controlar posibles abusos laborales en este tipo de despidos. En concreto, verificará las extinciones de contrato que alegan como causa de rescisión la no superación del período de prueba, para buscar posibles causas de nulidad. El ministerio sospecha un claro uso fraudulento de ese periodo.
El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores recoge que "la duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados".
Escudándose en los seis meses de prueba que ofrecen los nuevos contratos fijos, hay empresarios que están extinguiendo la relación laboral con el trabajador precisamente a los seis meses, sin causa que justifique su fin y sin indemnización, alegando que no se ha superado el periodo de prueba. De esta forma, el trabajador despedido solo recibe el finiquito, una práctica que sale muy barata al empresario.
El plan del Ejecutivo, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, describe un patrón de "posibles incumplimientos", ya que se alega esa falta de superación incluso en casos en los que los trabajadores "previamente ya habían estado contratados por la empresa, previsiblemente, para realizar las mismas funciones". También hay casos en los que los afectados causan baja por no superar el periodo de prueba a pesar de haber excedido su duración máxima.
"Es inadmisible que este período de prueba se use para defraudar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la estabilidad", ha señalado en declaraciones remitidas a los medios la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las cifras que maneja el Ministerio alientan la sospecha de fraude, puesto que antes de la reforma laboral eran entre 200 y 300 los despidos mensuales por esa causa. Y en julio de 2023 llegaron a ser 3.420 casos, es decir, diez veces más.
Así, a través de la herramienta de lucha contra el fraude, la Inspección de Trabajo buscará posibles irregularidades para evitar que algunas empresas "recurran a fórmulas que mermen" los derechos de las personas trabajadoras y que además "obstaculicen la libre competencia entre las empresas". Y fuentes de ministerio advierten que "al tratarse de conductas consumadas no procede realizar ningún tipo de advertencia o recomendación", por lo que las sanciones llegarán sin previo aviso.