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Por fin podremos saber si la lavadora, el lavavajillas o el móvil que estamos comprando será fácil de reparar cuando llegue el momento de romperse. O, al menos, tendremos una aproximación que ahora no tenemos. Así se desprende de la última iniciativa del Ministerio de Consumo, que quiere aplicar un Índice de Reparabilidad a todos los aparatos eléctricos y electrónicos que se venden en España. ¿El objetivo? Luchar contra la obsolescencia programada y reducir la huella ecológica.
Te habrá pasado más de una vez: se rompe un electrodoméstico en casa y, en lugar de llamar a un técnico para que lo arregle, decides tirarlo y comprar uno nuevo. En muchas ocasiones, los propios aparatos están diseñados para fallar cuando llegan a una determinada edad o han hecho un número de servicios específicos. Es lo que se llama obsolescencia programada y, al final, hace que ese electrodoméstico pase a formar parte de las casi 900.000 toneladas de residuos de este tipo que se generaron en España de residuos solo en 2019.
Con el objetivo de que sepamos si es fácil o no reparar ese electrodoméstico que se nos ha roto, o que, antes de comprarlo, veamos si llegado el momento vamos a poder arreglarlo o no, el Ministerio de Consumo ha anunciado que va a implantar un Índice de Reparabilidad, algo que ya han hecho otros países como Francia.
Allí, por ejemplo, en la tienda online de Apple ya se puede ver cómo quedará también en España
El Índice de Reparabilidad se otorgará en base a cinco criterios objetivos: la documentación proporcionada por el fabricante para la reparación, la facilidad para desmontar el producto, la disponibilidad de piezas de repuesto, la relación entre el precio de las piezas de repuesto y del producto original, así como otros criterios específicos en función de la categoría, explican desde el Ministerio.
De este modo, cuanto más cercano esté el número al 10, mayor será su facilidad de reparación y, por tanto, mejor podremos calcular la vida útil real de ese producto.
El objetivo final de este nuevo baremo que se le saque máximo partido a lo que se compre. "Además, ayuda a que se generen menos residuos, menos emisiones y que exista menos demanda de recursos naturales. Asimismo, la medida busca otorgar a los consumidores información sobre su derecho a reparar y a no tener que desechar un producto que haya dejado de funcionar pero que podría seguir siendo útil", concluyen desde el organismo.