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El uso de billetes y las monedas está quedando tan relegado en los últimos años que ha llegado a ser común el hecho de entrar en una tienda y comprobar que solo se puede pagar con la tarjeta de crédito. A esto hay que sumarle que los cajeros automáticos también están disminuyendo, lo que complica dar con uno a los colectivos más vulnerables, no tan familiarizados con la tecnología. Ante esta situación, el Gobierno ha modificado la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y ahora ya es obligatorio aceptar dinero en efectivo en cualquier establecimiento.
"Esta reforma viene desde Europa, ya que la política monetaria de la Unión Europea, por el momento, protege el euro físico", explica afirma Elisabet Ruiz Dotras, profesora de los Estudios de Economía y la Empresa y directora del máster de Instrumentos y Mercados Financieros de la UOC. Prohibir este método a partir de ahora puede suponer multas que oscilan entre los 150 y los 10.000 euros.
La norma es una herramienta efectiva contra la exclusión financiera, puesto que no todo el mundo tiene la capacidad de pagar con tarjeta. "Muchas personas mayores no hacen uso de la tarjeta o, a veces, ni siquiera la tienen y van con su libreta; no aceptar efectivo es una exclusión, y cuando se redacta una ley es para incluir a todo el mundo", explica Ruiz Dotras.
Otro colectivo que también se ve beneficiado con esta reforma es el de los inmigrantes. "Muchos, cuando llegan, no pueden tener una cuenta bancaria, ya que se dedican a la obra o a los cuidados del hogar y les pagan en negro; esta gente se sustenta con el dinero físico, de modo que negarles esta forma de pago es complicarles que se puedan mantener", reflexiona la experta.
Pese a que perseguir el dinero en negro es uno de los desafíos declarados del Gobierno, lo cierto es que la reforma supone mantener la economía sumergida. "En España tiene un peso importante, al Estado también le interesa que haya movimiento y gasto con este dinero", afirma Ruiz Dotras. En cualquier caso, "la intención a largo plazo es reducir el dinero en negro, acabar con él, pero no se puede cortar de raíz un fenómeno como este, muy vinculado también al tipo de sociedad y cultura del país".
En ese sentido, hace tan solo un mes el Congreso de los Diputados aprobaba una ley orientada a luchar contra el fraude fiscal que incluía la rebaja de la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros (anteriormente el límite estaba en 2.500 euros). El tope establecido por la Agencia Tributaria corresponde al pago de un producto o servicio completo, no por cada transacción, por lo que si dividimos la tarifa de, por ejemplo una reforma, en cuatro pagos de 500 euros estaremos incumpliendo la ley y podrán multarnos.
A pesar de que la tarjeta se ha impuesto como método de pago, aún quedan franjas de edad que prefieren la moneda. Es el caso de la población mayor, pero sorprende comprobar que los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años también prefieren el efectivo, según una encuesta realizada por el Banco de España.
El uso de efectivo como medio pago ha venido experimentando un retroceso gradual desde 2015, cuando todavía casi un 80% lo tenía como primera opción. Desde entonces las tarjetas de débito han tomado el relevo, aunque el efectivo todavía es la opción más habitual en los municipios de menos de 100.000 habitantes (un 37,5%). No parece que sea una tendencia que vaya a cambiar, y de hecho hay países europeos donde la moneda ha quedado obsoleta. En Suecia, el 95% de las compras al por menor se hacen ya sin efectivo, y muchas sucursales bancarias no aceptan ni ofrecen billetes y monedas.