Los agricultores siguen protestando en toda España en denuncia de la difícil situación que atraviesa el campo. Las organizaciones agrarias profesionales -Asaja, COAG y UPA- continúan convocando concentraciones, con y sin tractores, que provocan cortes y retenciones en las carreteras, a la espera de que el Gobierno aborde posibles soluciones con todos los eslabones de la cadena alimentaria, supermercados, distribución, industria y sector primario. Nuestro analista económico, Javier Ruiz, radiografía el problema a través de tres claves: cadena alimentaria, transición ecológica y competencia desleal.

El funcionamiento de la cadena alimentaria está siendo una de las mayores demandas de agricultores y ganaderos. La llamada Ley de Cadena Alimentaria se reformó en 2021 para impedir las operaciones comerciales desleales de los supermercados, esto es, pagar al agricultor menos de lo que a él le cuesta producir el producto.

Según explicaba Ruiz en 'MoneyTalks', los agricultores ya están empezando a beneficiarse de los efectos de la ley -"llevan dos trimestres consecutivos ganando más"- ,pero a la norma "le falta capacidad inspectora y sancionadora. Es decir le faltan dientes, poder morder".  En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la semana pasada en el Congreso de los Diputados que se iba a reforzar la ley de la cadena alimentaria para mejorar así en la inspección y en el alcance de las multas.

El pequeño agricultor español también afronta otro problema, apunta el analista. "Ha hecho enormes esfuerzos inversores, pero si le pagan una miseria por sus cultivos él no puede poner fertilizantes inteligentes, maquinaria nueva, nuevos sistemas de riesgo... con lo cual hay un problema estructural que impide saltar a la segunda fase: contaminar menos".

Sin embargo, ese objetivo de la transición ecológica "es inevitable", según Ruiz. Y para pagar la factura climática, "o nos concienciamos de esto, sabiendo que la fruta la vamos a pagar más cara en el supermercado", o nos hacemos a la idea de que "hay que financiar esto entre todos y pagamos un impuesto ecológico", o "se paga con los fondos de la UE, que al fin y al cabo es el mismo impuesto pero mancomunado", pero "la solución no pasa por contaminar más, sino pagar más".

Otro de los conceptos en juego es el de la competencia desleal. Francia sostiene que los productos españoles tienen menos requisitos que los suyos y son poco ecológicos. "Esto es una forma de nacionalismo impulsada por grupos de ultraderecha. Y no, no es mejor el tomate francés que el español", defiende Ruiz.

"Esto ni es cierto ni es nuevo. Lo vimos en los años 80 y 90 con los cítricos, y lo estamos viendo ahora con el boicot alemán a la fresa en Huelva", pero los agricultores saben que el estándar es el mismo en toda la UE y los requisitos son iguales, así que no hay competencia desleal", zanja el analista.