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La ampliación del periodo de cómputo de la pensiones, situado actualmente en los últimos 25 años cotizados, sigue siendo el caballo de batalla de la reforma que toca aprobar antes de que termine 2022. El Gobierno emite mensajes contradictorios al respecto, ya que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, negó este lunes que se vaya a aumentar a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones y solo unas horas después admitía que "ampliar el periodo de cómputo puede tener sentido, pero al mismo tiempo permitir que se excluyan los peores años de cotización".
Varios expertos coinciden en que esa medida apuntada por Escrivá de excluir los peores años cotizados, combinada con la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización, es el señuelo del Gobierno para que los agentes sociales accedan a una eventual extensión del periodo de cómputo. Hasta ahora, sindicatos y partidos políticos como Unidas Podemos han dicho "no" a extender el número de años que se cuenten para hallar el importe de la pensión. Ampliar a 35 años el período para calcular las pensiones supondría un recorte del 6%, según el grupo morado.
La intención de ampliar el periodo de cómputo de facto a 35 años de cotización pero dando la posibilidad de escoger los 25 mejores, significaría seguir contando 25 años, pero dentro de un marco global de 35. Según un estudio del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, compuesto por expertos de la Universidad de Extremadura y de Valencia, con este sistema, los futuros pensionistas podrían lograr una pensión el 6,5% más alta.
Ampliar la cotización hasta los 35 años supondría una previsible mejoría de la pensión para un tercio de los trabajadores. Según cálculos del Ministerio, uno de cada tres presenta en sus últimos años de carrera laboral peores bases de cotización, por pérdidas de empleo, y si se contabilizaran 35 años podrían sumar los años previos con mayores cotizaciones. Pero sindicatos y algunos partidos señalan lo obvio: que saldrían perjudicados dos de cada tres futuros pensionistas.
Más cálculos: Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVIE, la ampliación hasta 35 años implicaría una mejora de la contributividad del sistema, al aumentar la relación entre cotización y pensión; pero, también, de la sostenibilidad financiera, puesto que "en términos globales supondría una disminución de la cuantía inicial de las pensiones de casi un 9%". Ahora bien, si esta ampliación a 35 años se acompaña de la elección de los mejores 25, entonces se produciría el efecto contrario respecto de la situación actual, empeorando la contributividad (menor relación entre cotización y pensión) y también la sostenibilidad del sistema, ya que la cuantía de la pensión inicial aumentaría un 5,6%. Mala noticia para el sistema de pensiones.
La negociación parece que irá bastante más rodada en el aumento "suave" de la base y la pensión máximas. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, recuerda que el aumento de las bases máximas de cotización "es una reivindicación del sindicato desde hace años, y sería un elemento recaudador interesante que quienes más cobren, coticen más". CCOO también respalda que se aborde el destope de las bases máximas de cotización.
El Ministerio de Seguridad Social sostiene que la pensión máxima en España es "relativamente baja" en comparación con la de otros países, por lo que si se eleva "de forma suave y gradual" al tiempo que se incrementa la base máxima, aumentarán los ingresos del sistema en las décadas de los 30 y los 40, que es donde el sistema sufrirá "un poco más de tensión" por la jubilación del baby boom.