Bruselas ha lanzado un mensaje a España para que termine la reforma de las pensiones que lleva dos meses de retraso. No cumplir las reformas comprometidas en el Plan de Transformación Recuperación y Resiliencia, como es la de pensiones en el caso de España, "costará mucho" en palabras de un funcionario europeo que ha detallado la metodología acordada para las penalizaciones.  

Por cada incumplimiento habría que pagar una cantidad igual a la división de todos los fondos asignados por país entre total de hitos y objetivos del plan, que en el caso de España son 69.500 millones entre 415 hitos. Sin embargo, esa penalización podría multiplicarse por cinco para aquellos compromisos "relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa", como es el caso de la reforma de pensiones.

Además, si no se presenta la reforma en breve, se compromete la entrega de 10.000 millones de euros que España espera recibir en junio como cuarto tramo de ayudas de fondos europeos.

Bruselas aprieta pero no ahoga. En caso de que el Ejecutivo comunitario bloquee la parte correspondiente a los hitos que no se hayan completado, la Comisión Europea dará seis meses para finalizarlos y obtener el montante bloqueado. “El procedimiento de suspensión de pagos favorece la ejecución continua del plan y da tiempo a los Estados miembros para levantar la suspensión mediante el cumplimiento de los hitos u objetivos pertinentes en un plazo de seis meses”, señala el documento del Ejecutivo comunitario.

Hay tres medidas que España debe cerrar y para las que no ha logrado un acuerdo en las negociaciones con patronal y sindicatos. La primera y la más difícil de conseguir es la ampliación del periodo de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Ahora se tienen en cuenta los últimos 25 años, y la propuesta es ampliarlo a los 28 mejores dentro de los últimos 30. Los sindicatos y Unidas Podemos se han cerrado en banda en este punto y no aceptan la propuesta del ministro Escrivá, ya que consideran que la mayoría de pensionistas futuros saldrían perdiendo.

La segunda es la ampliación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un aumento de un 0,6% de las cotizaciones que desde 2023 se aplica y que va destinado a llenar la hucha de las pensiones. La medida está prevista hasta 2033, cuando habría que revisarla, pero Europa quiere un mecanismo permanente, similar al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013.

La tercera medida pendiente es la ampliación de las bases máximas de cotización. La idea de Escrivá es que suban ahora las bases máximas de cotización, pero no las pensiones máximas, que subirán en menor proporción y paulatinamente hasta 2050. La última propuesta del ministro en este sentido es la de subir las cotizaciones a los sueldos más altos, asunto en el que la patronal tampoco está por la labor.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá mantuvo este lunes una reunión con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, donde aseguró que "está muy cerca de cerrarse" un acuerdo. Y aunque evitó dar una fecha exacta, insistió en que la reforma llegará antes de Semana Santa".

El ministro confirmó que el texto final contendrá la ampliación del período de cómputo de las pensiones, uno de los puntos más polémicos. "Es una recomendación del Pacto de Toledo y tiene en cuenta a personas con carreras no lineales, que suponen el 30% de los jubilados, y apuntó que esta modificación hará que el cálculo sea más equitativo para las mujeres y aquellas personas que tengan "lagunas" de períodos que no han cotizado a lo largo de su vida laboral.