En los últimos tiempos el arraigado fenómeno de la prejubilaciones en las empresas españolas está siendo sustituido por los despidos improcedentes de personas próximas a la edad de la jubilación. El principal motivo de estas actuaciones es el de renovar la plantilla con personal joven que esté más adaptado a las nuevas tecnologías e ir deshaciéndose de los mayores de 60 años. Sin embargo, Hacienda ha puesto esta fórmula en su punto de mira ante la sospecha de que en muchos casos se están cometiendo fraudes fiscales.
En concreto, la Agencia Tributaria cree que los despidos de empleados próximos a jubilarse se tratan en realidad de acuerdos ocultos entre ambas partes. Todo el mundo gana, ya que el trabajador puede subsistir con la indemnización hasta su jubilación y la empresa puede seguir con su objetivo de contratar a personas más jóvenes porque el trabajador despedido no reclama su cese ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
¿Y por qué esta forma de actuar es irregular a ojos de Hacienda? Pues en la diferencia a la hora de pagar impuestos que conlleva un despido y un acuerdo. El despido improcedente se realiza por parte del empleador hacia su trabajador y conlleva una indemnización económica. Esta se calcula siguiendo la fórmula de treinta y tres días de salario por año de servicio. Ahora bien, la cuestión más importante es que está exenta de tributación en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) hasta los 180.000 euros.
Por el contrario, si hablamos de un acuerdo entre ambas partes, la cuantía económica que paga el empresario al trabajador sí tributa en Hacienda. La multa en estos casos oscila entre el 50% de lo dejado de ingresar al fisco y el 150%, en función de la gravedad de la infracción.
El fisco no termina de creerse estos despidos y está abriendo inspecciones masivas tanto a compañías como a contribuyentes para certificar que no se trata de un cese improcedente, sino de un acuerdo que permite al ya exempleado mantenerse con la indemnización hasta jubilarse. Sobre todo cuando los últimos 25 años de trabajo antes de llegar a la edad de jubilación son fundamentales para la base reguladora que marca la cuantía a cobrar de pensión.
Ante estas situaciones, los abogados recomiendan a las empresas que documenten muy bien los despidos de cara a una posible inspección y demuestren que la indemnización que va a percibir la persona despedida no coincide con un pago que le permite subsistir hasta el cobro de la pensión.