El Congreso de los Diputados ha votado a favor de las recomendaciones que previamente había aprobado el Pacto de Toledo para dar luz verde a la reforma de las pensiones tras casi 10 años sin acuerdo parlamentario. La pandemia del coronavirus ha acelerado el acuerdo entre las fuerzas políticas. Las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo se realizaron en el año 2011 y dieron lugar a la reforma que subió de 65 a 67 la edad de jubilación y el aumento de los años de cotización necesarios de 15 a 25. Ahora, alcanzado el consenso, habrá algunos cambios importantes. Recuperamos algunas claves:

Esta medida busca garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisivo. Es una de las demandas históricas por parte del colectivo. Un ejemplo concreto para entenderlo: para una pensión de 1.000 euros, si el Índice de Precios de Consumo termina el año con una subida del 1 %, la pensión subirá hasta los 1.010 euros mensuales por catorce pagas. Si el IPC es negativo, la pensión no baja. De esta forma se termina con la revalorización de la reforma de las pensiones de 2013, que las vinculaba a la salud del sistema.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivà, ha ido anticipando que se endurecerá el acceso a la jubilación anticipada, especialmente en el caso de las jubilaciones voluntarias y rentas altas. Esto va en concordancia con la recomendación 12 del Pacto de Toledo, que aunque es ciertamente ambigua, recomienda tomar medidas para acercar la edad efectiva (64 años y 6 meses en 2020) a la edad legal (65 años y 10 meses). Se prevé que en 2027, la edad legal se establezca en 67 años.

Otro aspecto importante respecto a este punto es que habrá incentivos para aquellas personas que sigan trabajando una vez hayan cumplido la edad ordinaria. En el pacto actual, aquellas personas que continúen en el mercado laboral tras haber llegado a los 65 años y 10 meses verán incrementada su pensión entre un 2 y un 4 %.

A nivel general no habrá modificaciones sustanciales: para calcular la pensión se seguirán teniendo en cuenta los años cumplidos y los cotizados. Actualmente, nos fijamos en los últimos 23 años (en 2021 serán 24 y en 2022, 25). A este respecto, pese a que el método seguirá siendo el mismo, la recomendación nº 5 del Pacto de Toledo menciona a ciertos grupos que deberán ser protegidos debido a que su situación laboral les haya perjudicado sus cotizaciones. Hablamos, por ejemplo, de cuidadores de personas dependientes o prejubilados expulsados del mercado laboral prematuramente. Estos grupos, según el pacto, podrán elegir el período de cotización "que más les beneficie".

De esta forma, la nueva ley permite que un trabajador prejubilado con 58 años pueda elegir el tramo que más le beneficie, ya que los últimos años de cotización habrán sido menores.

Mejorarán las pensiones de viudedad que constituyan la principal fuente de ingrsos para un hogar. Además, se vincularán a la renta de los hogares con el fin de establecer 'parámetros solidarios', en tanto que existe mucha gente que cobra pensiones de jubilación y viudedad simultáneamente.

Un alto porcentaje de los autónomos cotiza por la base mínima, lo que les lleva a tener pensiones inferiores a las de los trabajadores por cuenta ajena. Con el fin de acabar con esta desigualdad, los autónomos cotizarán, previsiblemente, por sus ingresos reales.

Se normalizan los planes de ahorro complementario, favoreciendo los planes de empresa y colectivos. De esta forma, en adelante, la empresa pagará una parte y el trabajador otra. Entran como voluntarios, pero la previsión es que se extiendan y entren progresivamente en las negociaciones de los convenios colectivos con las empresas.

Existe consenso de todos los partidos políticos respecto a evitar que la Seguridad Social se haga cargo de gastos no contributivos del sistemas. Hablamos de gastos como ayudas por hijo a cargo o dependientes, de maternidad o paternidad, complementos a las pensiones mínimas o bonificaciones a la tarifa plana de autónomos. A partir de ahora, estos gastos se verán cubiertos a través de los Presupuestos Generales del Estado. Con ello, se pretende que las cotizaciones sociales se destinen a financiar las prestaciones contributivas.