¿Entonces van a poder seguir pagándose las pensiones mucho tiempo con esta reforma del 2021?

Uno de los objetivos que persigue el Gobierno con la nueva reforma de las pensiones es transmitir a los ciudadanos la idea de que el sistema es sostenible, pero las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo no ayudan mucho. El pacto parlamentario garantiza un aumento de gasto al fijar las pensiones al IPC, pero en materia de ingresos no se moja, y deja la patata caliente en manos del Gobierno.

Los que ya están jubilados no deben temer. Seguirán cobrando sus pensiones que subirán año a año conforme al IPC. Pero ¿qué pasa con los que vienen detrás? Nadie lo sabe, porque las pensiones cambian con la sociedad. En España hasta 1985 bastaban 10 años cotizados para recibir una pensión, y ésta se calculaba según los últimos dos años trabajados. Ahora hacen falta más de 37 años cotizados, y el cálculo se hace sobre los últimos 25.

Desde entonces hasta hoy nuestro país ha reformado las pensiones hasta en seis ocasiones. La reforma aprobada en 2011 aún no se ha implantado del todo, y la última, la de 2013, aunque está en vigor, no se aplica. Las reformas no son panaceas que todo lo curan y despejan el horizonte. Son hojas de ruta para no desviarnos mucho del buen camino. Lo que pasa es que en España vamos por mal camino desde hace años, y hace falta un giro de timón con urgencia.

Este tercer capítulo de la serie sobre la reforma de pensiones que prepara el Gobierno lo dedicamos a la sostenibilidad del sistema. ¿Cobraremos pensiones los boomers? ¿Serán comparables a las de ahora? ¿Cómo equilibramos el aumento de gasto previsto? ¿Vamos a endeudar a varias generaciones para pagar las pensiones actuales?

En España hay 9.200.000 personas que tienen entre 65 y 100 años, y casi todos cobran una pensión. Pero detrás vienen casi 14.000.000 de personas entre 45 y 64 años, que en los próximos años irán entrando en el sistema, y con pensiones más altas. Es la generación del baby boom, los nacidos entre 1958 y 1975.

Cuando se crearon los sistemas de pensiones europeos, solo el 45% de la población llegaba a los 65 años, y la esperanza de vida después de los 65 era de 11 años. Hoy llegan a los 65 el 90% de la población, y vivimos 20 años más.

Actualmente hay cuatro personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, calcula que en 2050 habrá algo menos de dos personas en edad de trabajar por cada una mayor de 66 años, una ratio del 53%. Un porcentaje similar calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto en pensiones marca máximos históricos mes a mes. En noviembre fue de 9.955,09 millones de euros. El 40% del gasto de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se dedicará al pago de las pensiones. La AIReF, un organismo moderado que presidió en ministro de la Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, estima que el gasto en pensiones crecerá de 11% del PIB actual, al 14% en 2050.

En los últimos diez años la pensión media se ha revalorizado un 30%, y las nuevas pensiones de jubilación están de media en los 1.170 euros.

El Fondo de Reserva de las pensiones está casi agotado, (quedan menos de 3.000 millones, ni para una paga), y la Seguridad Social arrastra desde 2011 déficit anuales de entorno a los 17.000 millones de euros, y cerrará este año con 45.000 millones de déficit, a causa de la pandemia.

Pero los baby boomers son un reto acotado en el tiempo. Se empiezan ahora a jubilar, y lo harán durante 20 años, pero después vendrán sus hijos, con tasas de natalidad de las más bajas del mundo. Por lo tanto el gasto crece ahora, se estabilizará unos años, y sobre 2050 bajará de forma notable.

Para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social el Pacto de Toledo propone separar de las fuentes de financiación, es decir, que se dejen de pagar con las cotizaciones los gastos no contributivos que ahora paga la Seguridad Social. Esto supone pasar unos 23.000 millones de euros a los Presupuestos. El gasto se cambia de sitio, pero no se elimina, y habría que pagarlo de otra manera.

Por otra parte se recomienda mantener a los trabajadores durante más tiempo en activo de varias maneras: retrasando la edad efectiva de jubilación; penalizando las jubilaciones anticipadas voluntarias; fomentando seguir trabajando más allá de la edad legal; y favoreciendo que se pueda trabajar y cobrar la pensión a la vez. Estas medidas pueden ser efectivas, pero es necesario esperar a ver cómo se desarrollan normativamente para calcular qué efectos tendrán en las cuentas.

Lo que sí ha fijado el Pacto de Toledo es la subida de las pensiones conforme al IPC, una medida que supone un incremento anual del gasto de entorno a los 2.400 millones de euros.

Lo que está discusión es si debemos mantener un sistema contributivo de reparto puro como el que tenemos hoy, o debemos virar a uno mixto donde la capitalización, esto es el ahorro complementario, cobre más protagonismo.

Para los economistas liberales, las recomendaciones no garantizan la sostenibilidad, ya que no explican de dónde se va a sacar el dinero necesario para pagar el aumento de gasto, y defienden la necesidad de reforzar el ahorro complementario.

Los progresistas remiten a cambiar en el sistema fiscal, mejorar en la productividad para aumentar la riqueza del país, y fortalecer el mercado laboral para conseguir contratos estables, sueldos más altos y por tanto cotizaciones más elevadas. De esta forma se mantendrá un sistema más solidario y protector para aquellos que no tienen capacidad de ahorro. Preguntamos a nuestros expertos.

Jose Enrique Devesa, doctor en Economía por la Universidad de Valencia y actuario por la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que "las recomendaciones del Pacto de Toledo constituyen un buen punto de partida, pero resultan insuficientes para garantizar su sostenibilidad. Es más, el balance de las recomendaciones tiene el potencial de desequilibrar aún más la situación financiera del sistema, por lo que para asegurar su sostenibilidad casi todo está por hacer. Y apuesta por "una transición gradual a un sistema de reparto sobre la base de cuentas nocionales individuales", apunta Devesa.

"Quizás deberíamos permitir la compatibilización plena de pensión y trabajo, en las mejores condiciones posibles, a aquellos individuos que quieran y puedan" opina el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, Sergi Jiménez. "Obviamente, para aquellos que no estén en buena salud, el sistema debería garantizar (al menos) un mínimo suficiente. Asimismo sería importante, imitando lo ya probado en los países más avanzados de Europa, que se potenciaran los planes de pensiones ocupacionales que tanto contribuyen a las pensiones de los trabajadores en el Norte de Europa" explica.

Para Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, "hay que mejorar el mercado de trabajo, equilibrando la población por abajo, con políticas de atracción de la emigración sobre todo, y también de fomento de la natalidad, de conciliación familiar, y de favorecer la emancipación de los jóvenes. Y por otra parte, hay que buscar fuentes adicionales de financiación al sistema por la vía presupuestaria durante el tiempo que sea necesario. También hay que mejorar la contribución fiscal, y tenemos margen para ello. Los países de nuestro entorno, la zona euro, tienen los mismos impuestos: IVA, IRPF, impuestos especiales..., pero nuestra recaudación es muy inferior por dos razones. Una, porque nuestra economía sumergida es muy superior a la de otros países, actualmente de un 16,6%, en Austria es del 7% y en Alemania del 9%. Pero la segunda razón es que incluso los países con más economía sumergida que nosotros, Portugal, Italia, Grecia y Polonia, recaudan más" sostiene Bravo.

El presidente del Instituto BBVA Pensiones, Jose Antonio Herce, es muy crítico con las recomendaciones emitidas: "Sólo ocho de las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo tienen impacto económico. No sabemos cuánto, porque no llevan aparejado un informe económico y, de ellas, tres implican un signo negativo para la sostenibilidad del sistema y positivo para la suficiencia. Estas recomendaciones en su conjunto y, sobre todo el núcleo de esas ocho con carácter económico, en absoluto aseguran que el sistema vaya a ser rentable si se convierten en la ley de reforma de las pensiones que se quiere llevar a cabo", advierte el economista. "Además", continúa Herce, "habría que indiciar la edad legal de jubilación a la esperanza de vida y lograr que ésta y la edad efectiva coincidiesen. Así lo están planeando países como Suecia o Nueva Zelanda, que tienen la edad legal de jubilación en los 68 años; la más alta junto con Australia" concluye.

El profesor del IESE Javier Díaz-Jiménez no lo ve claro. "Si tú insistes en que las pensiones tienen que financiarse íntegramente con cotizaciones, que no tiene por qué ser así, tendrás que aumentar la capacidad recaudatoria de alguna forma. ¿Qué hace falta para eso? Lo primero, un diagnóstico acertado. Y lo que es frívolo e incomprensible es la defensa a ultranza de los detalles del sistema de reparto, no del sistema de reparto en sí. Es un sistema muy poco universal, con muchas excepciones, lo que genera cotizaciones muy limitadas. Hay que mejorar mucho la universalidad de las cotizaciones y no usar el sistema para corregir los problemas de la minería, el mar, los empleados de hogar o los autónomos. Y tendríamos que ser mucho más transparentes para que los trabajadores sepan qué pensión percibirán y, en caso de que no cubra sus necesidades, planifiquen cómo complementarla".

El catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Ruesga opina que "la reforma del sistema público de pensiones no es esencialmente una cuestión técnica, sino que es una cuestión política. El debate debería enfocarse en determinar qué parte de la renta pública del país (y porque no también de la riqueza) estamos dispuestos a dedicar para financiar unas pensiones suficientes".

Según Ruesga "es innegable que debemos aumentar el flujo de ingresos que nutra de recursos financieros al sistema a público de pensiones para mantener unos niveles de suficiencia similares a los que hemos venido teniendo en los últimos años. Lo que abre la puerta a pensar en gravámenes de carácter progresivos, que tengan como base algunas partidas patrimoniales. Por otra parte habría que modificar la última reforma llevada a cabo en el 2013, buscando otras opciones no tan gravosas para la suficiencia de la pensión y su evolución a lo largo de la vida del jubilado, como suponen el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización" afirma.

"Estamos muy acostumbrados a publicitar los problemas y no a afrontar las soluciones" critica José Luis Tortuero, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid. "Llevamos más de 20 años hablando de demografía y no hemos tomado medidas para mejorar la demografía. Llevamos años hablando de la precariedad laboral y hacemos poco para corregirlo. Elevamos la edad de jubilación pero no creamos políticas de empleo para que la gente siga trabajando. Se ha acordado subir las pensiones conforme al IPC, que me parece fantástico, pero no hemos buscado financiación. Lo que estamos haciendo es que la fosa del déficit sea más profunda. Estamos haciendo hoy mejoras en la protección cuyo pago traspasamos a las generaciones futuras. Primero creemos las fuentes de financiación y luego hagamos las mejoras necesarias" concluye Tortuero.