Polémica y números: Por qué un jubilado no perderá poder adquisitivo en 2022 si su pensión sube solo un 2,5%

Que la cesta de la compra está por la nubes ya lo sabes. La luz, la gasolina, la comida, la ropa... todo sube, tu pensión también, pero... ¿va a subir lo mismo que los precios? Diciembre cerró 2021 con una tasa interanual del IPC del 6,5%, la más alta desde 1992. Sin embargo las pensiones suben este año un 2,5% (un 3% las no contributivas y las mínimas). Algunas organizaciones de jubilados denuncian que de esta forma las pensiones pierden un 4% de poder adquisitivo, pero no es así. Te contamos por qué no se pierde poder de compra, y cómo funciona la revalorización recién aprobada por el Gobierno.

El BOE acaba de publicar el Real Decreto por el que se actualizan las pensiones en 2022. Suben un 2,5% las contributivas, y un 3% las mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Este es el acuerdo que alcanzaron patronal, sindicatos y Gobierno, y que ahora se plasma en Ley: "Las pensiones ... se actualizarán en un 2,5 por 100, igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los meses desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021" reza la norma.

Algunas organizaciones de pensionistas han alzado la voz para denunciar que la medida supone una pérdida de poder adquisitivo de un 4%, ya que el IPC acabó 2021 en el 6,5%. Defienden esta posición Coespe (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), Ceoma (Confederación Española de Organizaciones de Mayores), y la Unión Democrática de Pensionistas, UDP. Coespe ya ha anunciado una movilización para el 12 de febrero en la que denunciarán la pérdida de poder adquisitivo que a su juicio supone la medida.

Por su parte, los sindicatos se felicitan de la medida que aprobaron en la mesa de diálogo social, y el Gobierno no entiende la polémica. "Existe cierta confusión", explican a este medio fuentes del Gobierno. "Tan solo se ha plasmado en una norma lo acordado en la mesa de diálogo social y en el Pacto de Toledo. Se decidió tomar como medida la media anual del IPC porque es lo más justo. En diciembre el IPC estaba en el 6,5%, pero en febrero estaba en el 0%, y en enero la tasa era negativa. Ese 6,5% de diciembre se tendrá en cuenta para la revalorización de 2023", explican dichas fuentes.

"Habría que explicar que la referencia es el valor medio de la variación en todo el año. Si de diciembre de 2021 a noviembre de 2022 se mantuviera la tasa del 6,5% todos los meses, el 2023 las pensiones tendrán que subir un 6,5%", explican desde el Gobierno.

Funcas estima que las tasas del IPC se mantendrán por encima del 5% en los primeros meses de este año, y una tasa media anual del 3,7%.

Hasta la reforma del 2013 las pensiones subían cada año según una previsión de inflación que se incluía en los Presupuestos anuales. Después, en noviembre, se comparaba la previsión con la inflación anual de ese mes. Si el IPC era superior a la previsión, se acordaba compensar a los pensionistas por esa desviación al alza (la paguilla) que se consolidaba en la cuantía de sus pensiones.

La referencia se tomaba en noviembre para dar tiempo a la Tesorería General de la Seguridad Social para tramitar la compensación y que la subida se hiciera efectiva desde el 1 de enero del año siguiente.

Esto se hacía año a año en la ley de Presupuestos hasta 2013, cuando la reforma de pensiones incluyó el Índice de Revalorización de Pensiones, y el Factor de Sostenibilidad, dos medidas de contención del gasto, pero que suponían importantes rebajas de las pensiones. La actual reforma ha desactivado estos mecanismos y ha fijado para siempre (o hasta que se derogue la Ley) que las pensiones suban lo mismo que la media de los precios.

Además, la nueva norma va más allá, y establece que en caso de que el IPC fuera negativo, los pensionistas no tendrían que devolver el dinero cobrado de más. En 2020 la tasa interanual del IPC fue negativo en un 0,5%, pero las pensiones se subieron un 0,9%. Como esa desviación no se tuvo que compensar, las pensiones ganaron un 1,4% de poder adquisitivo.

Hay expertos por abogan por utilizar el IPC subyacente, en el que no se tienen en cuenta los precios de la energía y de los alimentos frescos. Este índice ofrece una visión de la variación de los precios más cercana al consumo doméstico y deja fuera estos otros elementos más volátiles. Gran parte de la subida de precios de los últimos meses se deben a la subida de los precios de la luz y los combustibles.

Si la pensiones se vincularan a un IPC subyacente se estaría evitando el traslado, por ejemplo, de subidas puntuales de los precios del petróleo o la energía a la nómina de las pensiones, como ha pasado ahora, donde quedan consolidados y se trasladan de forma estructural a la economía real. En este caso, la consecuencia es que la subida de las pensiones podría ser superior o no a la inflación prevista, pero también inferior al índice general del IPC.

El texto publicado en el BOE especifica en su preámbulo que "el real decreto no supone la imposición de nuevas obligaciones o cargas administrativas para los ciudadanos y ciudadanas, ni ninguna utilización adicional de recursos públicos".

Aunque lo cierto es que la medida va a suponer un sobrecoste de 6.500 millones de euros de gasto en 2022 y según las previsiones actuales, una cantidad similar en 2023. El Gobierno estima que la actualización de las pensiones supondrá un aumento de 2,5 puntos del PIB de aquí a 2050, pero algunos economistas, como Enrique Devesa y Rafael Doménech, consideran que el aumento del gasto será superior al 3% del PIB.

Para contener el gasto previsto en las próximas décadas, algunos expertos proponen nuevas fórmulas. El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Ignacio Conde-Ruiz sugiere la posibilidad de crear un indicador referido a la cesta de la compra específica de los jubilados. En este caso, podrían tener más peso elementos como la alimentación y menos productos relacionados con la tecnología, como la telefonía móvil.

Por su parte, los economistas de Fedea Ángel del la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso R. Sánchez proponen blindar que solo las pensiones más bajas queden totalmente vinculadas a la inflación. Otra fórmula intermedia sería “asegurar al menos parcialmente el poder adquisitivo de las pensiones una vez concedidas a cambio de una reducción compensatoria en su cuantía inicial o de otros ajustes del modelo”. Entre estos ajustes proponen poner un tope máximo a la pérdida de poder adquisitivo de la pensión a lo largo de la vida del pensionista".