La letra pequeña del ERE de Telefónica: ¿quién pagará los despidos?

Telefónica ha planteado a los sindicatos en España su intención de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), un ajuste que afectará a todas sus filiales con un impacto laboral aún por precisar, aunque se prevé que se cuenten por miles los trabajadores involucrados. No hay que olvidar que después de años de ajustes, la plantilla la componen actualmente unas 16.000 personas. La gran duda ahora está en el coste en prestaciones y subsidios que que tendrá este proceso en las arcas públicas.

Periódicamente Telefónica ha utilizado los conocidos como PSI, un sistema voluntario en el que se plantean unas condiciones y se abre a un colectivo de trabajadores, pero en esta ocasión ha apostado por una vía más formal como es la del ERE, que era la utilizada hasta 2015. En 2011 fue la última vez que aplicó un ERE, que entonces afectó a 6.800 empleados. Aquello llevó al Gobierno a cambiar la ley para obligar a las empresas que hagan despidos colectivos que afecten a trabajadores de más de 50 años a compensar al Estado por el coste en prestaciones que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no puede negarse a pagar.

Esta compensación se aplicaría a las empresas con más de 100 trabajadores y se calcularía según un tipo que variaría en función del número de trabajadores de más de 50 años, el importe de sus prestaciones, el porcentaje que suponen sobre el total de despedido y el tamaño total de la plantilla. Pero la fórmula legal que hubo que desarrollar para exigir esas aportaciones económicas al Estado era tan compleja que no pudo concretarse hasta 2012, lo que llevó a la paradoja de que la denominada 'cláusula Telefónica' apenas afectó a esa compañía. E incluso la benefició. A finales de 2021 solo se habían ingresado 305 millones, pese a que afectó a 6.830 personas trabajadoras de 50 o más años de edad.

Después de aquello Telefónica optó por las dimisiones incentivadas para sus sucesivos recortes de plantilla de los trabajadores de más edad. Por eso sorprende este cambio de estrategia, aunque la explicación puede estar en que los programas de bajas incentivadas ya no son tan rentables como en el pasado. Lo que está claro es que si la dirección de la empresa ha elegido ese modelo de reducción de plantilla, será porque ahora le resulta conveniente.

Los sindicatos estimaron semanas atrás que pueden ser 2.500 los trabajadores afectados por el ERE, principalmente mayores de 50 años, aunque la horquilla se mueve entre los 1.600 (equivalente al 10% de la plantilla) y los 5.000. El Gobierno aún no ha se ha pronunciado, aunque difícilmente podría interferir. Un despido colectivo como el que plantea Telefónica es perfectamente legal, siempre que se acrediten causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Lo que sí ha reforzado el Gobierno es la función de la Inspección en los procedimientos, sobre todo a la hora de verificar las causas. Según los laboralistas consultados por El Economista, un informe de la inspección desfavorable podría llevar a una sentencia judicial que incluso llegara a anular el procedimiento. Sin embargo, esto depende de que no haya acuerdo y los trabajadores recurran los despidos. 

No hay un único culpable de haber llegado a esta situación. Telefónica puede esgrimir la pérdida de valor del conjunto del sector y la escasa ayuda de los reguladores ante un modelo económico basado en precios, pero desde el punto de vista de los trabajadores la culpa siempre corresponde a la dirección, que no ha sabido anticipar las dificultades del mercado. Aunque el excedente de personal se aprecia desde hace décadas, la revolución tecnológica y la digitalización, además de la aplicación de la incipiente inteligencia artificial, prevé erosionar muchos de los puestos de escaso valor añadido, ahora llamados a automatizarse y, por tanto, a amortizarse. 

Como ocurre con todos los ERE, ahora se abre el procedimiento habitual. En primer lugar se convocarán a los comités intercentros de Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. Una vez constituidas las tres mesas, podrá arrancar el plazo de un mes en el que se deberá alcanzar un acuerdo entre los dos bandos. También se presentará formalmente el expediente ante el Ministerio de Trabajo, y no se pueden descartar movilizaciones de los trabajadores para reforzar los argumentos de los sindicatos.