Las cuidadoras de ancianos y las Kellys hablan: “La subida del Salario Mínimo no soluciona nuestros problemas"

Cuando vuelves al hotel tras un día de vacaciones, pocas veces te planteas que alguien ha pasado por allí para dejarla impecable y ha cobrado por ello menos de 3 euros. Tampoco que la cuidadora que necesita tu madre y que has contratado a través de una agencia cobra 7 euros de los 16 que tú pagas. Camareras de piso (coloquialmente llamadas kellys) y cuidadoras del hogar, la mayoría mayores de 45 años, son dos de los colectivos a quien más favorece la subida del SMI a 950 euros mensuales (14 pagas), acordada entre Gobierno patronal y sindicatos. Pero sus problemas no se solucionan con ello. Aparte de que los contratadores tendrán que pagar un poco más a la Seguridad Social, tienen otros problemas que llevan arrastrando décadas, sin que nadie haga mucho al respecto. Hablamos con ellas.

En los dos últimos años, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido un 27,8%, pasando de los 736 euros de 2018, a los 950 de hoy. La medida supone para el Gobierno "un factor decisivo para la progresiva reducción real de la pobreza en todas sus dimensiones", pero la pobreza y las condiciones laborales penosas aún se ceban en colectivos de trabajadores que requieren de medidas de más calado.

Ángela Muñoz es la vicepresidenta nacional de Las Kellys (las que limpian), la organización que nació en 2016 para defender los derechos de las camareras de piso. A sus 57 años sigue luchando, pese a que su compromiso le ha supuesto el veto para trabajar en dos grandes cadenas hoteleras españolas cuyo nombre prefiere que no se mencione.

"Lo del salario mínimo en nuestro es sector en ocasiones es una quimera. Muchas mujeres tienen que hacer muchas habitaciones a lo largo del mes para no llegar ni al salario mínimo". Las cadenas hoteleras han externalizado los servicios y las subcontratas ligan el salario a la producción, es decir, se tiene que cumplir un número determinado de habitaciones, en torno a las 400 al mes, para cobrar el mínimo estipulado en los contratos.

"Si no te las haces, te penalizan por no llegar a lo que ellos llaman su cadena de productividad. En la actualidad se están pagando sobre los 2,40 euros por habitación, donde se meten la prórroga de las pagas extras y la productividad, pero si esa trabajadora se pone enferma y no llega al ratio fijado, cobra por el salario base. Como los contratos son parciales y por horas, pues es muchas ocasiones es difícil llegar ni al salario mínimo. A nosotras no nos soluciona nada esa subida del salario, queremos cambios en la reforma laboral".

Para hacernos una idea, una empresa externa de contratación puede cobrar entre 6 y 10 euros a una cadena hotelera por limpiar una habitación, pero la camarera, al final, recibe 2,40 euros. "Con las cifras de turismo que mueve el país habría que ver quién se está enriqueciendo a costa de nuestro trabajo", denuncia Ángela.

La reforma laboral de Mariano Rajoy, ahora en cuestión, fomentó el deterioro de las condiciones de estas trabajadoras, al permitir el despido de plantillas y la externalización de servicios sin necesidad de justificarlo con datos económicos. "En Madrid, -comenta Ángela- una camarera en hoteles de cuatro estrellas tendría que cobrar 1.200 euros en 14 pagas con 50 días de vacaciones por trabajar de lunes a domingo. Con tus derechos a bajas por enfermedad y cobrando por horas trabajadas. Ahora se trabaja por contratos de obra o de fin de obra, ligados a productividad, y si te pones enferma o no eres productiva, el contrato se suspende y cogen a otra. En palabras textuales de la gente que nos subcontrata "esto es lo que hay, si lo quieres lo coges y si no, hay cien mil en el paro".

Además, en la nómina se incluye una parte importante en concepto de productividad, que no cotiza, con lo que para la jubilación apenas se aporta. La explotación es manifiesta y se trata de una cesión ilegal de trabajadores, pero las trabajadoras acuden poco a los tribunales por su vulnerabilidad y el miedo a perder el empleo. Yo creo que la gente está esperando cambios en la reforma laboral y no tanto la subida del salario mínimo, porque nos han jodido la vida con la reforma laboral y llevamos años y años de precariedad", concluye la vicepresidenta de las Kellys.

En España, el 34% de las trabajadoras domésticas vive en hogares en riesgo de pobreza según denunciaba un reciente estudio de Oxfam Intermón y de la Universidad Carlos III. Su tasa de pobreza supera en más del doble la media de los trabajadores asalariados (16,3%).

Silvia Carrizo es argentina y aunque no quiere decir su edad exacta, reconoce que hace tiempo dejó atrás los 50. Es socia fundadora de Malen Etxea, una organización que trabaja desde Guipúzcoa para defender los derechos de las trabajadoras del hogar. "Las mujeres inmigrantes se dedican al cuidado porque es la única salida que les ofrece esta sociedad. Yo llevo más de 20 años en este país y a mí nadie me preguntó nunca qué formación tengo (es licenciada en Comunicación) o qué hacía antes de venir aquí", explica.

Y sigue: "Mi historia es la de tantas y tantas emigrantes que tienen que trabajar en lo que sea tres años hasta conseguir los papeles de residencia y el permiso de trabajo. En todos los años en que he estado trabajando en el ámbito de los cuidados jamás he logrado un contrato, siempre he trabajado como autónoma. Aquí se está acostumbrado a que una esclava salga muy barata. Incluso en los casos en que una trabajadora cobre el salario mínimo de 950 euros, la hora de trabajo se cobra a 2,10 euros, porque se trabajan 40 y 60 horas semanales de lunes a lunes".

"Nosotras lo que estamos solicitando algo tan básico como es el SMI para 40 horas de trabajo y la contratación nocturna diferenciada. Y la integración en el Régimen General de la Seguridad Social. La precariedad y el abuso es absoluto. Las empresas de servicios sociosanitarios cobran entre 18 y 16 euros la hora, y pagan 7 brutos a la trabajadora", concluye Silvia.

Mejorar las condiciones de estos dos colectivos va más allá de subir el SMI y tiene mucho que ver con la reforma laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, manifestó este miércoles que se hará una reforma y que "será en dos fases. Va a ir muy rápido y con diálogo social. La primera modificará aquellas cuestiones más lesivas para los derechos de los trabajadores. Y después, habrá una segunda parte, que va a abarcar elementos más complejos: la contratación, las modificaciones sustanciales, la causalidad, el despido", dijo Díaz. Unas palabras que han sido matizadas por otros miembros del gobierno.