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Es la medida estrella con la que Pedro Sánchez pretende tomar impulso de cara a las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo. El presidente del Gobierno anunciaba este domingo su intención de poner a disposición de las administraciones públicas hasta 50.000 inmuebles en poder de la Sareb, el llamado 'banco malo', para que se destinen a alquileres asequibles.
El objetivo es "ir más allá", tras el acuerdo de la ley de Vivienda, pero el alcance de la medida puede ser más limitado de lo que se espera. En realidad, solo el 15% de la vivienda y el suelo que forma parte de la cartera de la Sareb está en capitales de provincia, las grandes regiones tensionadas por los precios de la vivienda y donde más caro es el alquiler. Apenas 15.600 viviendas están en Cataluña y la Comunidad de Madrid, menos de una tercera parte. El 70% de los pisos están en las pequeñas ciudades.
Los últimos datos disponibles que proporciona la Sareb señalan que el organismo dispone de un total de 133.314 inmuebles. Sin embargo, de este patrimonio solo 46.542 son viviendas ya construidas y 24.619 suelos disponibles. El resto se reparte entre obra en curso (14.202 unidades) inmuebles anejos (como trasteros y garajes) y terciarios (inmuebles destinados a actividad económica y no vivienda). De las viviendas ya construidas, solo 7.087 se sitúan en capitales de provincia.
La Sareb destinaría de esta forma unas 21.000 viviendas adicionales a alquiler social, principalmente ofreciéndolas a comunidades autónomas y ayuntamientos para que las compren y las destinen a ese fin. El plan del Ejecutivo también pretende promover el alquiler social en otras 14.000 ya habitadas y construir otras 15.000 en suelos de la entidad pública, según trasladaron fuentes de Moncloa.
Analizando el impacto de la medida ciudad a ciudad, Madrid, con 1.189 viviendas inscritas, queda como la urbe con mayor incidencia del país. Por detrás aparecen Murcia (1.105 viviendas), Barcelona (767 viviendas) y, a mayor distancia, Girona (347) o Valladolid (335). Grandes urbes como Valencia (279 viviendas) o Sevilla (49) registran cifras más modestas.
Sin embargo, para medir el impacto real que podría tener la medida en el mercado del alquiler, hay que tener en cuenta el número de personas que residen en cada municipio. Eso hace que el impacto se diluya más. Girona, con 34 viviendas de la Sareb por cada 100.000 habitantes, Ávila (249) y Murcia (240) son las capitales de provincia donde más se notaría la llegada de los pisos de la Sareb.
Las grandes ciudades del país se quedan lejos. En Barcelona, la Sareb dispone de 47 viviendas por cada 100.000 habitantes y apenas dos unidades de suelo. En Madrid, la proporción se reduce a 36 pisos y 3 suelos, en Valencia hay 35 viviendas y 17 terrenos por cada 100.000 residentes, y en Sevilla apenas hay 7 viviendas y un suelo disponible por cada 100.000 habitantes.
La Sareb se constituyó en 2012 para asumir los activos tóxicos de los bancos y cajas que fueron rescatados para sanear sus balances y que estas obtuvieran liquidez. Adquirió casi 200.000 activos problemáticos entre 2012 y 2013, lo que supuso un desembolso de 50.781 millones financiados en deuda avalada por el Estado. En enero del año pasado, el Estado tomó el control de esta institución y asumió los 35.000 millones de su deuda.
El organismo lleva vendiendo vivienda para fines sociales a las administraciones públicas desde 2019. En 2020 contaba ya con 10.000 viviendas sociales en su balance y en 2021 ya acordó con el Gobierno movilizar hasta 15.000 viviendas para uso social.