Las ‘golden visa’ tienen los días contados. El Congreso ha acabado, a través de una enmienda incluida en la Ley de eficiencia judicial, con estos permisos de residencia especiales que se les concede a los extranjeros no residentes en la UE que invierten más de 500.000 euros en una vivienda. Estos visados especiales fueron introducidos en nuestro país en 2013 y desde entonces se han concedido más de 14.500. Una vez que la ley entre en vigor, presumiblemente enero, ya no se concederán más. Eso sí, se respetarán todos los solicitados con anterioridad.

Estas visas doradas garantizaban el beneficio fiscal que daba el país a los extranjeros residentes fuera de la UE para obtener el permiso de residencia mediante una inversión de, al menos, 500.000 euros en casas, pisos u otros bienes inmuebles. También podían acceder a estas visas aquellos que invirtieran más de dos millones en títulos de deuda pública española o más de un millón en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital españolas con una actividad real de negocio.

Una enmienda introducida en el proyecto de ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia deja sin contenido los artículos 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores, que son justo los que establecen las condiciones para optar a la 'golden visa'.

Esta medida fue originalmente diseñada para atraer inversión extranjera en un contexto de crisis económica, incentivando la adquisición de bienes inmuebles y otros activos como deuda pública, fondos de inversión o inversiones en empresas españolas o proyectos de interés general.

Sus solicitudes se han ido multiplicando exponencialmente con los años. Si en 2016 se expidieron 451 visados inmobiliarios, cinco años después se concedían 997. Sin embargo a partir de 2022 se duplicaron (2.017) y en 2023 se alcanzaron ya los 3.273. Las principales provincias a las que se dirigen este tipo de empresarios han sido Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, según las estadísticas de Vivienda. 

A día de hoy, España tiene a 33.237 extranjeros con permiso de residencia 'golden', de los cuales 12.723 son inversores y el resto son familiares, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La mayoría de ellos provienen de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México.

El movimiento del Gobierno contra esta fórmula ha hecho que muchos extranjeros aceleren la compra de viviendas en España para conseguir la residencia antes de que se elimine su concesión. Así, según datos del Consejo General del Notariado, los foráneos han comprado en el primer semestre del año 69.412 viviendas en España, una de cada cinco adquiridas, lo que ha supuesto un incremento interanual del 1,8%.

La eliminación de las 'golden visa' responde a una serie de razones. En primer lugar, el impacto que ha generado en el mercado inmobiliario la compra de viviendas por parte de extranjeros, principalmente en zonas específicas. Esto ha contribuido al incremento de precios y a los fenómenos de gentrificación, que dificultan el acceso a la vivienda de los residentes locales.

Según el texto de la enmienda presentada por el PSOE y sus socios, el impacto de este régimen en la economía tampoco ha sido tan significativo, por lo que se cuestiona su efectividad como herramienta de atracción de capital extranjero. La enmienda también alude a la necesidad de restringir este tipo de permisos debido a preocupaciones de seguridad y transparencia, especialmente en relación con el origen de los fondos.

Con esta medida, los ciudadanos extracomunitarios se quedan sin opciones de residencia en España si no desean residir de forma estable y ser residentes fiscales en el país. El adiós a las 'golden visa' representa un cambio significativo en la política migratoria y económica de España. Esta medida busca frenar el impacto negativo en el acceso a la vivienda y alinearse con las preocupaciones europeas en materia de seguridad y transparencia financiera.

Algunas voces no creen que su impacto en el acceso a la vivienda vaya a ser crucial. "El problema se centra fundamentalmente en el acceso a viviendas que se alquilan entre 800 y 1.500 euros para el general de la sociedad, y cuyo coste de compra puede estar entre los 100.000 y los 400.000 euros (...) Las personas que se benefician de la 'golden visa' invierten, primeramente, en una vivienda para sí mismos, y rara vez el precio es inferior a los 900.000, un millón de euros, y el alquiler de este tipo de viviendas suele ser de los 3.000 euros en adelante", apuntan desde el despacho de abogados Golden Partners en El Debate.