La polémica por la renovación de los nichos del cementerio de Comillas: cuando morirse también prescribe

María Ruiz López, Mery Ruiz en su cuenta de Twitter, alertaba hace unos días de un asunto sorprendente. Según esta joven, el responsable del cementerio parroquial de Comillas reclamaba a algunas familias el cobro de algunos nichos, a razón de 2.300 euros por sepultura. En caso contrario, los restos pasarían al osario común.

El cementerio parroquial de Comillas es famoso desde hace años por otras razones. Es un reclamo turístico en una localidad famosa como centro de veraneo de acaudaladas familias desde principios del siglo XX. Gaudí proyectó en Comillas su famoso Capricho y el propio cementerio fue declarado en los 80 Bien de Interés Cultural como ejemplo de la arquitectura modernista y, en especial, por la estatua del Ángel Exterminador, la escultura que parece dominar todo el recinto, elaborada por Josep Llimona.

El camposanto se ubica en el lugar de una iglesia creada en torno al siglo XVI. A finales del XIX, se abandonó el culto y se destinó únicamente a cementerio. En la actualidad, existe en Comillas otro cementerio de gestión municipal, pero la mayoría de los entierros siguen teniendo lugar en el cementerio parroquial, cuya propiedad es del Obispado de Santander.

Los cementerios parroquiales y los municipales se rigen por ordenaciones distintas, aunque ambas están reguladas por la legislación de Sanidad y de la Policía Sanitaria Mortuoria. Los cementerios parroquiales ceden el derecho de uso a un titular y de manera residual al cónyuge y a los hijos. La adquisición del derecho de uso puede costar entre 1.000 euros y 1.200 euros, abonables en su solo pago o en varias cuotas. El documento que acredita esa operación debería, en este caso, estar en poder de la parroquia de Comillas, del Obispado de Santander y del propio titular.

Cuando el titular del derecho fallece, debe renovarse, como máximo en el plazo de un año, ese derecho de uso. Este trámite cuesta alrededor de 60 euros. Si no se hace esta gestión, el derecho de uso se pierde y la familia o la persona interesada debería adquirir el derecho de nuevo. Es decir, debería pagar de nuevo esos 1.000 euros o los 2.300 reclamados por Antonio Gutiérrez, párroco titular de Comillas.

En los cementerios municipales, la ordenación es distinta. El espacio del nicho o de la tumba es una concesión administrativa por la que se paga durante un periodo de años. En el caso del ayuntamiento de Comillas, puede ser entre 10 y 75 años con un coste que va de los 500 a los 3.500 euros, aproximadamente. El protocolo es igual una vez que transcurre el periodo acordado: si no se renueva la cesión, hay que iniciar el proceso desde cero, con el coste correspondiente. En ningún caso hay propiedad del nicho o tumba, sino derecho a un uso.

El cementerio parroquial de Comillas estaba sumido en la polémica al menos desde 2020. En octubre de ese año, el Obispado de Santander publicó un decreto en el que informaba de la extinción "de todo derecho de sepultura que pudiera tener cualquier persona" sobre unos 200 nichos. Argumentaba la decisión por el impago de las cuotas de los derechos de uso y la no actualización de ese derecho. La diócesis concedía plazo hasta el 31 de agosto de 2021 para regularizar la situación. Transcurrido el tiempo, según informan los avisos puestos en el mismo cementerio, se autoriza a la parroquia a trasladar los restos al osario.

Fuentes del Obispado de Santander entienden la indignación de algunos de los afectados, pero matizan: "en el cementerio hay zonas ruinosas que hay que arreglar y que llevan mal desde hace años porque los nichos no se cuidan. A veces no hay titulares y no hay manera de acreditar a quién corresponde ese derecho". En el Obispado insisiten en que se ha "avisado de manera reiterada" sin que en muchos casos haya habido respuesta a lo largo de ocho años, desde 2012, momento en que, según el Obispado, comienza a avisarse a las familias.

Algunos afectados esgrimen falta de transparencia por parte de la iglesia. No hay ningún contrato donde figuren las condiciones del derecho de uso y tampoco tienen ninguna documentación que acredite la titularidad. Según publica Diario Montañés, dicen sentirse perplejos por algo que creían solucionado: parecía que el familiar que reposa en el cementerio había abonado ese derecho, pero lo cierto es que en ningún caso se estaba pagando por la propiedad, sino por un usufructo que había que haber renovado en el plazo de un año. Tampoco hay documentos de titularidad. O bien no se expidieron o bien se perdieron entre los papeles del Obispado, en una época en la que la burocracia aún no estaba digitalizada, o los de la propia familia sin que nadie los echara de menos. Hablar de cómo se organiza la muerte no es una conversación cómoda.

Pero, sin duda, lo que más llama la atención en toda esta polémica es el coste de los nichos: 2.300 euros, frente a los 1.000 o 1.200 habituales. Uppers ha intentado contrastar la información sobre este sobrecoste con el párroco de Comillas y con el propio Obispado. Fuentes de esta entidad lo achacan a las tareas de rehabilitación y otras a la escasez de nichos en ese cementerio. Sería, por tanto, un simple tema de oferta y demanda. Desde el Obispado animan a usar el recinto municipal: "no es obligatorio hacer entierros en el cementerio parroquial, pero todo el mundo lo prefiere".

En caso de optar por el cementerio municipal, caben dos opciones. En Comillas, una posibilidad sería adquirir la cesión de una tumba o un nicho por un periodo de tiempo que oscila entre 10, 50 y 75 años. En el primer caso, el coste está entre los 500 o los 700 euros, según la ubicación del espacio. En la cesión de mayor duración, entre los 2.400 y los 3.600 euros, un coste parecido al del cementerio parroquial, con la diferencia de que no prescribe por la muerte del titular, sino a los 75 años. Una vez concluidos cualquiera de esos periodos, si no se renueva la cesión, se exhuman los restos y se trasladan al osario común. El coste de este servicio es de 100 euros.

Lo más habitual, sin embargo, es que se aproveche el enterramiento de algún miembro de la familia. En ese caso, se hace una reducción de restos, con un coste de entre 150 y 200 euros, y se hace una nueva inhumación, servicio que cuesta entre los 120 y los 150 euros. Los precios pueden variar en función de cada ayuntamiento. En uno u otro caso, saber a qué gastos nos enfrentamos cuando ya no estemos aquí parece necesario. Por mucho que cueste hablar de ello, mejor asesorarnos para evitar sorpresas. Casos como el de Comillas demuestran que en la etapa final de la vida el tiempo también importa y que todo tiene un precio. Al menos, déjemoslo organizado.