Seguro que has visto más de uno porque los hay por todas partes. Son esos coches, normalmente viejos o averiados, que acumulan polvo abandonados en calles, carreteras o parkings. Sus propietarios los dejan a la intemperie y ya no vuelven a por él. Se denominan 'coches okupas' y cada año se abandonan 50.000 de esos vehículos en vías públicas, 20.000 en recintos privados y otros 6.000 en talleres, sin que nadie se haga cargo de ellos. Para la Dirección General de Tráfico (DGT) son un problema y acaba de introducir novedades en la ley de tráfico para poder ponerle solución.
La situación se convierte en un problema grave tanto para los particulares como para ayuntamientos, puesto que se pierden plazas de aparcamiento. Hasta ahora, el proceso para poder sacarlos de donde estuvieran era lento y complejo a causa de la burocracia y pese a las denuncias de empresas, ciudadanos o administraciones. Los perjudicados debían acudir a la vía judicial para que se retirara el vehículo en cuestión, algo que podía demorarse durante demasiado tiempo.
Sin embargo, la DGT ha presentado recientemente un mecanismo que simplifica este procedimiento y lo equipara al que se sigue con los coches que se encuentran “olvidados” en las calles y carreteras, según informa 'La Vanguardia'. En concreto, se reinterpreta el artículo 106 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el que se estipula cuándo un vehículo se considera abandonado. El nuevo texto incluye aquellos que se desasisten en recintos privados, lugares que no estaban contemplados anteriormente en la normativa.
La nueva instrucción permite que la Administración competente pueda ordenar el traslado del vehículo abandonado a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para su posterior destrucción y descontaminación. Para asegurar que el procedimiento es garantista, antes de emitir la orden de traslado se debe advertir al titular del vehículo y que lo retire en el plazo de un mes. Si en ese periodo no la ha movido de donde se encuentre estacionado, se procederá al transporte hasta un desguace.
Asimismo, se ha reforzado la exigencia de documentación (certificado del administrador, acta notarial, fotografías…) que debe aportar el solicitante, en caso de recintos privados, para confirmar el desamparo del vehículo. Susana Gómez, subdirectora de Vehículos de la DGT, haexplicado que "se trata de que los propietarios no soporten las cargas de la ocupación de su espacio privado en sus instalaciones por parte de cualquier ciudadano que abandona su vehículo”.
Además, instrucción de la DGT abre la oportunidad de una segunda vida para el coche abandonado. Si está en condiciones, la norma establece la posibilidad de que la autoridad competente “sustituya el tratamiento residual por su adjudicación a los servicios de vigilancia del tráfico”, indica Tráfico en un comunicado.