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Los peajes vuelven a estar en el centro de la polémica. El pasado mes de abril, el Gobierno anunció su intención de extender este sistema de cobro a todas las autopistas y autovías del país con el objetivo de financiar su conservación y mantenimiento y sufragar el déficit de inversión acumulado en la red de carreteras, que actualmente se sitúa en torno a los 8.000 millones de euros.
En un principio, la medida, que a principios de mayo se envió a Bruselas como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, iba a entrar en vigor en 2024. Sin embargo, la fuerte oposición con la que se ha recibido ha llevado al Ejecutivo a dar un paso atrás, y no se aplicará a menos que haya un consenso con el resto de partidos políticos, tal y como señaló el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
A pesar del consenso en las críticas (muy pocos fueron los que se mostraron a favor), la realidad es mucho más complicada. Nuestra red de carreteras es la más grande de la Unión Europea y una de las más grandes en todo el mundo. En concreto, tiene más de 26.466 kilómetros de extensión, de los que 12.000 son de alta capacidad, lo que implica que los costes sean muy elevados, crecientes e inasumibles de manera directa por los recursos presupuestarios. Pero, como es natural, nadie quiere verse obligado a pagar, mucho menos si tenemos en cuenta los problemas económicos que asolan a buena parte de la población y las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años, que han permitido liberar los peajes de distintas autopistas.
¿Qué hacer, pues? Si volvemos nuestra vista a Europa, descubriremos que la Unión Europea no tiene una regulación fija para el uso de carreteras. Al contrario, cada país aplica un método u otro para financiar sus carreteras. Actualmente, solo ocho países cuentan con un sistema gratuito (Albania, Estonia, Islandia, Finlandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Ucrania). El resto aplican distintos sistemas, ya sea de pago por kilómetro, de peajes en autovías o en viñetas. Estos son algunos casos.
Posiblemente, el modelo más parecido al español lo encontramos en Francia, el país vecino. En el país galo, el 99% de las vías son totalmente gratuitas. El resto, ese 1%, está gestionado por empresas privadas o por el propio Estado. El precio se sitúa en torno a los ocho céntimos por kilómetro, aunque esta cifra puede variar en función de nuestro vehículo. Además, en las carreteras que tienen infraestructuras específicas, como túneles o puentes, el precio suele ascender.
Nuestro otro vecino, Portugal, solía tener un modelo similar al que tenemos actualmente en España. Sin embargo, durante la crisis financiera de la pasada década, se vio obligado a imponer peajes en las autovías que, hasta entonces, eran gratuitas para solventar el déficit de sus infraestructuras.
Como consecuencia, actualmente el país luso es uno de los que más recaudan por los peajes, llegando a sumar más de 1.100 millones de euros en el año 2018 por este método de cobro. El sistema no utiliza cabinas de cobro, sino que se basa en un modelo electrónico en el que los vehículos se registran por su matrícula mediante una serie de cámaras colocadas a lo largo de la autovía.
De esta forma, se calculan los costes, que se pasarán a una cuenta bancaria que debemos haber asociado previamente. El coste no es excesivamente caro, siendo el precio de la conexión entre Lisboa y Oporto, la más importante del país, de 0,068 euros por kilómetro.
Alemania es la cuna del motor, por lo que no es de extrañar que su red de carreteras de alta capacidad sean de libre circulación y estén financiadas por los presupuestos generales del Estado. Aun así, existen algunos puentes y túneles en los que sí es obligatorio pagar peaje, y desde 2005 todos los vehículos pesados, es decir, aquellos que pesen más de 7,5 toneladas, están obligados a pagar en función de sus ejes y el número de kilómetros que hayan recorrido.
Este modelo es semejante al que utilizan en Bélgica, Dinamarca y los Países Bajos. Además, en 2015 el parlamento germano aprobó una ley que imponía el pago de peajes a vehículos extranjeros. Duramente criticada, la medida fue llevada al Tribunal Europeo de Justicia, que al final se ha puesto del lado de Alemania.
En Italia, solo se paga por las autopistas y su gestión está gestionada por una gran multitud de empresas privadas que, en su mayoría, forman parte del grupo Atlantia. El funcionamiento es igual que el español: hay que coger un ticket a la entrada y devolverlo a la salida, y el precio se calcula en función de los kilómetros recorridos.
Tras la catástrofe del puente de Génova en 2018, que puso de manifiesto el paupérrimo estado de la red de carreteras italianas, el Gobierno ha regulado el precio de estas vías, y actualmente se paga en torno a 0,09 euros por kilómetro.
En el modelo austriaco, la red de carreteras está gestionada por un consorcio de empresas estatales y el precio se calcula mediante un sistema de viñeta, una especie de “abono” que permite a los conductores circular por las carreteras y que puede ser semanal, mensual o anual.
El precio de estos abonos, que funcionan como una pegatina que debe llevarse pegada en el parabrisas siempre que se circule por una autovía, varía dependiendo del tipo de vehículo. En 2021, el precio anual para los coches es de 92,50 euros, mientras que para las motocicletas se sitúa en 36,20 euros. Los turistas, por su parte, pueden decantarse por otras opciones: una de diez días consecutivos, con un precio de 9,50 euros para los coches y de 5,40 para las motos, o una de dos meses, con un importe de 27,80 euros para los automóviles y de 13,70 para las motocicletas.
Este sistema de viñetas suele utilizarse en Centroeuropa, siendo Hungría, Suiza, República Checa o Bulgaria algunos de los otros países que lo emplean.