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Las residencias son el último 'hogar' para cerca de 350.000 personas en España. Casi todos llegaremos (con suerte) ahí en los próximos años. La gran mayoría son los más vulnerables, los más dependientes, los más indefensos y frágiles. El infierno de la Covid, con su tsunami de imágenes desgarradoras, puso en evidencia un sistema de cuidados al que ya se le saltaban las costuras desde hace tiempo. Y en algunos casos, como en Madrid, directamente negligente. Hace unos días, el exconsejero de residencias de la capital tiraba de la manta: "Se excluyó a mayores con covid y dependencia 2 y 3 de ir a un hospital", dijo. Pero tras la tempestad parece que todo volvió a la calma (si bien ahora las asociaciones de afectados reclaman responsabilidades), y lo urgente tapó una vez más lo importante: si queremos cuidar bien a los más vulnerables, el sistema actual no vale.
Cualquiera que tenga un familiar en una residencia estará inquieto después de ver el video de Mariano Turégano denunciando el mal trato que reciben él y sus compañeros en una residencia pública de Madrid. El impulso mediático fue aprovechado días después por las plataformas de familiares de residentes que salieron a las calles a manifestarse para reclamar un trato digno.
Pero corremos el peligro de que cuando se impongan las urgencias de otras crisis, de otros conflictos, muchos mayores habitantes de residencias seguirán siendo mal tratados por una sencilla razón: no hay dinero para tratarlos bien. La mayor parte de profesionales de cuidados hacen bien su trabajo, y atienden bien a la gente a la que cuidan, pese a las pésimas condiciones laborales que sufren. Pero en materia tan sensible como cuidar a personas dependientes, la voluntad sola no basta.
Cuidar bien a una persona dependiente durante 24 horas al día, supone un dinero. Más del 85% de los usuarios de residencias tienen problemas de demencia, o problemas físicos incapacitantes graves, o ambas cosas a la vez. Los cuidados no pueden ser iguales para todos. No es lo mismo atender las necesidades de una mujer con 95 años con problemas de huesos que no puede andar, que a una persona con Alzheimer que le da por andar todo el día. Cada una necesita terapias distintas y atenciones diferentes, tanto físicas, como mentales y sociales, y por tanto una atención individualizada. En los países nórdicos, el espejo en que queremos mirarnos, el ratio de cuidadores es de uno por paciente.
El nuevo modelo que se intenta implantar en España va por ahí, pero para que funcione son necesarios más profesionales, mejor formados y sobre todo, mejor pagados, y todo depende ahora mismo de las empresas privadas, porque son las que gestionan más del 85% de las plazas.
De las 376.000 plazas que hay en España, 277.000 son de titularidad privada. Y de las aproximadamente 100.000 plazas de titularidad pública que tenemos, tan solo la mitad las gestionan las administraciones, el resto las gestionan empresas privadas, como el caso de la residencia denunciada por Mariano Turégano, Moscatelares, cuya titularidad es de la Comunidad de Madrid, pero que gestiona una empresa. La mayoría de ellas, además, fondos de inversión a los que les da lo mismo que sean personas que cualquier otro 'producto' mientras dé beneficios.
Pero hay un matiz: Tan solo 95.000 plazas residenciales son privadas puramente dichas, es decir, que las paga únicamente el residente. El resto son de colaboración público-privada. Esto quiere decir que las administraciones ponen dinero para financiar casi 200.000 plazas a través de conciertos.
Existe mucha diferencia entre lo que pagan las distintas CCAA por concertar plazas públicas con las empresas del sector. Según el informe "El caos de la atención a la dependencia", de una de las patronales del sector, Ceaps, la horquilla de precios que las administraciones pagan a los gestores van desde los 43,69 euros al día de Asturias, hasta los casi 90 euros de Álava. "Hoy por hoy resulta más caro aparcar el coche en un parking de una capital de provincia que atender a una persona dependiente grado II en la mayoría de las residencias", denuncian desde Ceaps.
Por poner otro ejemplo, la Generalitat está pagando 67 euros por plaza y día para dependientes severos a las residencias, mientras que destina 160 euros por cada día de estancia de un preso en la cárcel.
Por otro lado, el desembarco de fondos de inversión en las empresas gestoras tensa un poco más la cuerda. Las exigencias de dividendos obliga a esfuerzos extra tras dos años negros en las cuentas de resultados, y la mala imagen que se ha quedado en la sociedad pesa como una losa para recuperar los niveles de ocupación previos a la pandemia.
La mayor parte del gasto en las residencias son los costes de personal. Sin profesionales bien pagados no hay cuidados dignos, y los salarios no son como para tirar cohetes. Un gerocultor o un animador sociocultural cobran poco más de 1.000 euros; un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta o un trabajador social, sobre 1.300 euros, y un enfermero, 1.400 euros. Llevan con el sueldo congelado desde 2019 y el trabajo en residencias es muy exigente, por lo que no hay muchos profesionales que quieran trabajar en estos entornos y escapan a otros en cuanto pueden.
Por si fuera poco, la inflación ha disparado los costes, haciendo que las empresas aprieten donde pueden. “Con el actual coste de la vida no sé cómo vamos a poder mantener un servicio digno a los usuarios”, reconoce Andrés Rueda, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS). “Está claro que con esta asignación económica por plaza y con los precios de la alimentación por las nubes, el problema con los menús de los usuarios -una de las denuncias de Mariano Turégano- se va a agravar”, asegura Rueda.
Cuidar de los más vulnerables no puede ser solo un negocio. La administración, las distintas administraciones tienen una gran responsabilidad en el cuidado de los ciudadanos dependientes, y no basta con pagar las plazas a un precio razonable. Los sistemas de inspección que ahora son laxos e ineficaces, deben ser garantes de que los ciudadanos dependientes son tratados con la mejor de las atenciones, y detectar cualquier deficiencia en los cuidados.
La Administración Central ha aumentado un 44% la financiación a la dependencia hasta los 1.993 millones de euros, pero siguen siendo las CCAA las que pagan casi el 80% de los destinado a dependencia, 7.566 millones. Pero el aumento de financiación no es suficiente para dar un impulso al cambio de modelo que propugnan los expertos.
Si queremos un modelo que funcione bien, con profesionales bien pagados, mejores controles a la gestión y más transparencia, es imprescindible aumentar el gasto que se destina a cuidar a los más dependientes. Según el portal especializado Inforesidencias, en Noruega una plaza de residencia cuesta 8.900 euros; en Suiza, 7.200; en Suecia, 6.700; en Holanda, 6.000 euros; en Alemania y Francia se pagan más de 3.000 euros; mientras que en España estamos en los 1.800 euros. Cuidar es caro, y hay que pagarlo.
Pero no todo es cuestión de dinero, hay otras cosas que se pueden hacer para mejorar la vida de los que ya están en centros residenciales. El periodista Manuel Rico durante la investigación realizada para su libro 'Vergüenza', identificó 33 acciones que deberían llevarse a cabo para que nunca más se repita el drama ocurrido en las residencias por la pandemia. Hemos seleccionado 10: