{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Patronal y sindicatos acaban de firmar el Plan de Choque para la Dependencia, una hoja de ruta para solucionar las enormes carencias de nuestro sistema de cuidados, expuestas con crudeza por la pandemia. Este año se inyectarán 600 millones de euros, y además, parte de los fondos europeos también se dedicarán a mejorar los cuidados de larga duración.
La Covid-19 ha golpeado duramente a los dependientes. Cerca de 55.400 personas dependientes han muerto en lista de espera en 2020, es decir, sin recibir ni el servicio ni la prestación que tenían reconocida. Son casi el 80% más que en 2019. Una cifra que se verá aumentada cuando se contabilicen los fallecidos en el primer trimestre de 2021. Si en 2019 morían 80 personas dependientes al día en espera de recibir la prestación o servicio asignados, en 2020 esa terrible cifra alcanzó las 152 personas diarias.
El fallecimiento de miles de personas mayores por Covid-19 reducido las listas de espera en un 14%, pasando de 269.854 a 232.243. "Este descenso se debe más a la reducción del número de personas con derecho, seguramente por los efectos del coronavirus en las personas dependientes, que por el aumento en el número de personas atendidas. Casi el 80% de las personas que salieron de las listas de espera desde el inicio de la pandemia hasta diciembre "lo hicieron por fallecimiento, para vergüenza de los gobernantes", ha afirmado el director de la Asociación de Directoras y gerentes de Servicios Sociales, Jose Manuel Ramírez. En esos diez meses, 45.338 personas murieron sin ser atendidas.
A la espera de la puesta en marcha del Plan de Choque para la Dependencia, nuestro sistema de atención a los dependientes hace aguas. El último dictamen del Observatorio de la Dependencia, que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ha puesto cifras a las carencias del sistema.
En España hay reconocidos 1.356.000 dependientes, pero de ellos, 233.000 están esperando recibir la prestación económica o el servicio que les fue asignado. A ellas hay que añadir 141.000 expedientes que están pendientes de valoración. Es decir, el sistema tiene esperando a 374.000 personas. Detrás de cada cifra hay una persona que necesita atención. Cerca de 100.000 de estas personas desatendidas son dependientes de Grado III o II, es decir, que tienen necesidades de apoyo la mayor parte del día, y en ocasiones las 24 horas.
Es innegable que el sistema necesita agilizar sus procesos, pero también la cuantía de las prestaciones. Del millón de personas en números redondos que atiende el sistema, 450.000 reciben la prestación por cuidados familiares. La cuantía media para el cuidado de un gran dependiente (Grado III), es de 335 euros al mes. Estamos hablando de personas que necesitan un cuidado permanente 24 horas al día, 375 días al año. Los dependientes moderados reciben 242 euros al mes, y los leves, 138 euros.
Tampoco la ayuda a domicilio da para mucho. De media ofrece 17 horas al mes para los dependientes leves; 36 horas para los moderados, y 57 horas al mes para los grandes dependientes, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente para personas que necesitan apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Por último, las prestaciones económicas vinculadas los servicios también son insuficientes. Por ejemplo, para abonar una plaza de residencia se paga unos 447 euros al mes, cuando el precio abonado por la persona en una residencia fácilmente triplica este importe.
Tampoco han mejorado las condiciones de los cuidadores, la gran mayoría mujeres de mediana edad que se ocupan de su familiar. Hace dos años se recuperó el derecho de que el Estado cotizara por ellas en la Seguridad Social, pero apenas 60.000 se encuentran dadas de alta.
Otro de los aspectos que destaca el documento es la gran desigualdad existente en la atención a los dependientes según la CCAA donde se viva. El documento destaca tres grupos de CCAA según cómo atienden a sus dependientes. En el grupo de los destacados están las Comunidades con una lista de espera inferior al 10%. Castilla y León (0,1%) junto a Navarra (5,5%), Galicia (7,3%), Castilla La Mancha (7,6%) Ceuta y Melilla (8%) y Baleares (9,6%), forman este grupo.
Progresan adecuadamente la Comunidad Valenciana, Asturias y Canarias, que han logrado aumentar el número de personas valoradas y reconocidas en situación de dependencia.
Rozando el aprobado están Andalucía, Extremadura y Murcia, que han aumentado los servicios y prestaciones, sin embargo, han paralizado las valoraciones y, por lo tanto, la entrada de nuevas personas con derecho al sistema de la dependencia.
En el furgón de cola el informe incluye a los territorios donde la Covid ha hecho estragos en la atención a las personas dependientes. Son las comunidades donde más incidencia ha tenido la pandemia, pero según el documento "esto no debe ser excusa para el bloqueo de la atención a uno de los grupos de personas más vulnerables a las consecuencias sociales y sanitarias de la pandemia". Dentro de este grupo se encuentran Madrid, Cataluña, Aragón, Cantabria, País Vasco y La Rioja, y el informe señala "negativamente la situación de Madrid y Cataluña ya que el “bloqueo COVID” se junta con una situación de desarrollo del sistema de atención a la dependencia anterior muy deficitaria".
El Plan de Choque de la Dependencia firmado ahora por la mesa de diálogo social plantea un aumento en la cuantía de estas prestaciones, aunque dependerá mucho del desarrollo que hagan las CCAA de este Plan. Entre tanto desde la Asociación se afirma que el Sistema de Dependencia en España "puede constituir actualmente un cierto apoyo para muchos casos, pero casi nunca una auténtica solución o una mejora para la vida de la gente".