Javier Ruiz, sobre el campo español: "Los agricultores ya están ganando más, pero a la ley le faltan dientes"

Las protestas de los trabajadores del sector agrario que se están produciendo los últimos días están provocando cortes de carreteras, retenciones e incidentes en varias comunidades autónomas. Los agricultores denuncian la difícil situación que atraviesan y reivindican principalmente precios justos para sus producciones. Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz analiza qué está pasando en el campo, cuáles son las causas del problema y cómo nos afecta a todos.

Lo primero que hay que apuntar es que aunque en el campo hay una evidente malestar real, también hay un enorme componente político en todo esto. El campo está siendo secuestrado por la ultraderecha a través de movimientos recién formados, como la plataforma 6F, que pretenden ponerse a la cabeza de las manifestaciones, relegando a las organizaciones que tradicionalmente han representado a los agricultores, como Asaja, COAG o UPA.

Aclarado esto, no se puede negar que hay una base económica real que explica la angustia del sector. En primer lugar, los precios. Los agricultores cobran menos y sufren más para sacar adelante sus explotaciones. Algunos de sus cultivos están recibiendo los mismos precios y retribuciones que hace 20 y 30 años, cuando sus costes han aumentado mucho.

La llamada Ley de Cadena Alimentaria, en vigor desde 2014, se reformó en 2021 para corregir esta situación. Y ha empezado a hacerlo. Los cambios que se hicieron prohíben al supermercado pagar al agricultor menos de lo que le cuesta producir el producto. Se trata de impedir las operaciones comerciales desleales, que todos conocemos como ventas a pérdidas. Esta práctica ahora es ilegal e implica importantes sanciones.

Los agricultores ya han empezado a notarlo y llevan dos trimestres consecutivos ganando más, según datos del Observatorio de Márgenes del Banco de España. El problema es que aunque los beneficios están llegando, a la ley le falta capacidad inspectora y sancionadora. Es decir le faltan dientes, poder morder.

En España hay 750.000 agricultores, y solo se han inspeccionado 949 instalaciones. Y aunque se contemplan sanciones de hasta un millón de euros, la más alta que se ha impuesto este año en España es de 18.000 euros. Sale barato delinquir. En cualquier caso, las movilizaciones parece que van a propiciar que se revise y endurezca la ley.

En segundo lugar, hay costes nuevos: El cambio climático está arruinando las cosechas. Y los seguros agrarios se han disparado, por mucho que digan los negacionistas. La siniestralidad registrada por el seguro agrario ha marcado un récord histórico y se eleva hasta los 1.241 millones de euros, superando en un 56% los datos de 2022, cuando ya se abonaron 793 millones por perjuicios derivados de incidencias climáticas.

Además, agricultura y ganadería son responsables a día de hoy del 10% de las emisiones del planeta. Es una industria que contamina y eso conlleva un coste burocrático. El pequeño agricultor ha hecho enormes esfuerzos inversores pero el campo español está pendiente de una revolución tecnológica. Si le pagan una miseria por sus cultivos, no puede poner fertilizantes inteligentes, maquinaria nueva, nuevos sistemas de riego… con lo cual hay un problema estructural que impide saltar a la segunda fase: contaminar menos.

En cualquier caso, y aunque es una opinión impopular en el campo, retrasar los objetivos de contaminación es un error. La transición ecológica es inevitable. La solución no puede pasar por el "contaminen ustedes más tiempo". O bien lo pagamos de manera directa en el supermercado o nos concienciamos de que esto hay que financiarlo entre todos y lo pagamos de manera indirecta vía un impuesto ecológico. O se paga con los fondos de la UE , que al fin y al cabo es el mismo impuesto pero mancomunado. La solución no es contaminar más, sino pagar más. Para profundizar sobre competencia desleal o quién se lleva las ayudas de la PAC, puedes ver el vídeo con la charla completa.