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De entre el paquete de medidas fiscales anunciadas por el Gobierno para combatir los efectos de la inflación y la crisis económica, destaca especialmente el impuesto a las grandes fortunas, que estará en vigor durante los ejercicios de 2023 y 2024. Se trata de un tributo que, según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nace con el objetivo de pedir un mayor esfuerzo a las grandes fortunas "que se traduzca en mayor solidaridad en el interés general". Pero ¿quién tendrá que pagar este denominado impuesto de solidaridad?
El impuesto está dirigido a fortunas de más de 3 millones de euros y afectará a 23.000 contribuyentes, lo que supone un 0,1 % del total. Montero ha detallado que el nuevo gravamen tiene un potencial de recaudación de 1.500 millones de euros y tendrá tres tramos progresivos. Para un patrimonio neto entre 3 y 5 millones, se aplicará un tipo fiscal del 1,7%. Entre 5 y 10 millones de patrimonio neto se aplicará un tipo del 2,1%; a partir de 10 millones, será aplicable el 3,5%.
El nuevo impuesto se regirá por las reglas del actual impuesto sobre patrimonio para su determinación, lo cual neutralizaría la desaparición de ese tributo en comunidades como Madrid y Andalucía, al menos en 2023 y 2024. Los contribuyentes de aquellas comunidades donde se haya mantenido el Impuesto de Patrimonio, como Cataluña, no tendrán que abonar “casi al 100%” el nuevo gravamen a las grandes fortunas. Esto, ha señalado la ministra, se debe a que el tipo impositivo de ambos tributos es el mismo.
En consecuencia, como han explicado los expertos de Hacienda, las fortunas que abonan el Impuesto de Patrimonio en su territorio verán bonificado el nuevo tributo, es decir, les será devuelto lo ya abonado en concepto de patrimonio. Así, un contribuyente que tenga bonificado en su autonomía el 50% del Impuesto de Patrimonio (por ejemplo, en Galicia) abonará la otra mitad de ese gravamen a las instituciones autonómicos y el 100% del nuevo impuesto de solidaridad. Sin embargo, posteriormente le será devuelta la mitad del nuevo impuesto por ya abonarla en concepto de patrimonio.
Básicamente, el nuevo impuesto, que se tramitará como una iniciativa parlamentaria porque no puede incluirse en los Presupuestos, lo abonarán solo aquellos contribuyentes que no paguen patrimonio en su Comunidad Autónoma. Esto es lo que hace que la previsión de la recaudación sea de 1.500 millones, porque, a causa de las bonificaciones posteriores, le será devuelta la cantidad correspondiente al contribuyente.
La ministra Montero espera que en dos años consigan llegar a un acuerdo sobre su modelo de financiación autonómica que aclare el futuro del impuesto de patrimonio. Esta tasa tendrá que concertarse con las diputaciones forales, ha agregado la ministra, algo que no ocurrirá con el resto de cambios, que afectan a impuestos cedidos.