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Hacienda trabaja en un impuesto especial a las grandes fortunas, que será temporal y entrará en vigor en 2023. El Gobierno de coalición impulsará esta nueva figura tributaria "para pedir un esfuerzo a los que más tienen en estos momento de dificultad" y ayudar así "a las clases medias trabajadoras". La medida ha levantado polémica, aunque vecinos europeos como Bélgica, Suiza, Suecia, Francia y Países Bajos también tienen impuestos para los más ricos con diferentes nombres. La pregunta que muchos se hacen ahora es ¿qué consideramos en España una gran fortuna?
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha precisado a quién afectará este tributo. Simplemente explicó que afectará a "personas millonarias" que no superan "el 1% de la ciudadanía del país". Sin embargo, en la legislación española no existe una definición legal de 'gran patrimonio', por lo que acotar no es sencillo.
El gravamen de la riqueza en España hasta ahora se lleva a cabo a través del impuesto sobre Patrimonio, que el Estado transfiere a las comunidades autónomas y se aplica a las fortunas superiores a los 700.000 euros, sin contar los 300.000 euros del valor de vivienda habitual. Así, la consideración de gran fortuna podría partir del millón de euros que establece este impuesto, o subir hasta los 10 millones de euros que propuso Unidas Podemos en junio.
En total, cerca de 218.000 personas declaran en el Impuesto de Patrimonio, según datos de 2020. De ellos, 724 personas son considerados megamillonarios. Hace diez años eran la mitad. El dueño y fundador de Inditex, Amancio Ortega, lidera el ranking con una fortuna valorada en 55.000 millones de euros, según Forbes.
El actual impuesto de Patrimonio recauda unos 1.200 millones de euros al año y representa el 0,2% de todos los ingresos. Unidas Podemos presentó una propuesta que venía a sustituir a ese impuesto con el que se podrían recaudar 10.000 millones de euros al año, casi diez veces más, según sus estimaciones. El PSOE rechazó la propuesta de este impuesto específico antes del verano, pero la decisión de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid y próximamente Andalucía, de bonificar ese impuesto del Patrimonio al 100%, obliga al Gobierno a contrarrestarla.
No se ha aclarado todavía si todos los extranjeros que posean bienes inmuebles en España se atendrán al nuevo tributo a las grandes fortunas igual que los españoles. En 2013 se publicó una ley que daba un permiso de residencia a aquellos extranjeros que no residieran en la UE y que realizaran una inversión en un bien inmueble por valor de 500.000 euros. El objetivo de la ley era atraer las inversiones a España. Los beneficiarios podrían obtener la residencia para sí y para sus familiares sin la necesidad de permanecer en nuestro país durante un determinado periodo de tiempo.