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Habrás visto que tu pensión ha subido este mes, entre 20 y 70 euros al mes. Tranquilo, será así todos los meses. Es la medida estrella de la reforma de las pensiones. A partir de ahora se garantiza que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo por mucho que suban los precios. Eso sí, con un coste de de 6.500 millones de euros este año. Te contamos cómo piensa el Gobierno sacar el dinero, y a quién le tocará finalmente pagar.
El Consejo de Ministros ha aprobado la revalorización de las pensiones para el año 2022, que supone la subida del 2,5% para las contributivas y de las Clases Pasivas del Estado y el incremento del 3% de las pensiones mínimas y de las no contributivas, así como del Ingreso Mínimo Vital. El Gobierno destina a esta revalorización 6.500 millones de euros de los que se beneficiarán 11,5 millones de pensionistas.
En concreto, el 2,5% del incremento aprobado para 2022 se corresponde con la inflación promedio de los últimos doce meses hasta noviembre de 2021. Por su parte, se ha aprobado la paga compensatoria (la última paguilla) ya que la inflación, entre enero y noviembre de 2021, superó la proyección con la que se revalorizaron las pensiones en ese año (se proyectó un 0,9% y la inflación fue del 2,5%).
La factura, que algunos analistas estiman en un 3% del PIB, puede ser mayor el año que viene, si la subida de la inflación no es transitoria y se mantiene durante todo el año. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha afirmado que "quizás la alta inflación no sea tan transitoria como preveíamos hace unos meses". Funcas estima que las tasas del IPC se mantendrán por encima del 5% en los primeros meses de este año, y una tasa media anual del 3,7%. De acertar estas previsiones, la factura de las pensiones se dispararía hasta límites nunca vistos, pulverizando el actual record de 10.745 millones de euros que cuesta pagar las pensiones en enero de 2022.
Aumentar el gasto en pensiones entorno a un 3% del PIB, cuando ya tenemos un 2% de déficit contributivo en pensiones, no va a colar en Europa, y menos cuando nuestra deuda pública está en máximos históricos por encima del 121% del PIB. El componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia contiene las fórmulas que presenta el Gobierno para que las cuentan cuadren y Bruselas envíe el maná de los fondos europeos.
La primera parte de la reforma de pensiones aprobada en el Congreso no contiene medidas eficaces que equilibren las cuentas. Así lo ha manifestado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos: “En conjunto, por tanto, de acuerdo con las estimaciones disponibles, cubrir los incrementos de gasto en pensiones derivados del incremento de la tasa dependencia, e incorporando el impacto de la vuelta a la indiciación de las pensiones con la inflación y la derogación del factor de sostenibilidad, requerirá de medidas por el lado de los ingresos o los gastos adicionales a las especificadas hasta el momento en el Proyecto de Ley actualmente en trámite parlamentario”, sostuvo el gobernador en su última intervención en el Senado.
Las dos medidas que más pueden influir en mejorar las cuentas en pensiones deben ser aprobadas este año, pero por lo visto hasta ahora, su desarrollo puede hacer saltar por los aires el diálogo social. La primera es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI. La segunda, la adecuación del periodo de cálculo
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional viene a sustituir al derogado factor de sostenibilidad de la reforma de 2013. Supone que a partir de 2023 las cotizaciones de los trabajadores suben un 0,6% que irá a parar a la hucha de las pensiones. Se espera rellenar así el fondo de reserva para cuando vengan mal dadas.
Pero el MEI tiene una cara oculta. Si con la hucha no basta, y hay desviaciones en la cifra de gasto previsto en pensiones que enviamos a Europa, se tendrán que poner en marcha nuevos ajustes, en forma de rebaja de pensiones o subida de impuestos. Con toda seguridad habrá desviaciones en los datos enviados a Europa y se tendrán que implementar nuevas medidas. la cuestión es cuándo.
Según el economista Enrique Devesa, de la Universidad de Valencia, "el aumento de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos proporcionaría actualmente poco más de 2.000 millones de euros, que representan un 7,1% de las transferencias previstas del Estado en 2022 para financiar el déficit del sistema, que ascienden a 28.243 millones. Este déficit de 2022 irá aumentando en los próximos años hasta situarse por encima de los 5 puntos del PIB hacia 2050, un desajuste que el MEI no aborda. Este nuevo mecanismo solo tiene previsto corregir la desviación adicional del gasto que se pueda producir en las próximas décadas por la derogación del Factor de Sostenibilidad y hasta un tope de 0,8 puntos del PIB", explica el experto.
La segunda medida para reequilibrar las cuentas de las pensiones es ampliar los años tenidos en cuenta para calcular la pensión. Ahora se calcula según los últimos 25 años, pero Escrivá ya presentó una propuesta para ampliar a 35 años el periodo de cálculo, y se habla incluso de tener en cuenta toda la vida laboral. Esto supondría una rebaja sustancial para la mayoría de las pensiones. Los sindicatos no quieren ni oír hablar del tema.
El resto de medidas aprobadas en el acuerdo de pensiones, retrasar edad efectiva de jubilación, las cotizaciones de autónomos por ingresos reales, el aumento de las bases máximas, o los nuevos planes de ahorro, son medidas que buscan mejorar el sistema a futuro, pero la cuantificación de sus resultados en las cuentas de la Seguridad Social es, cuando menos, incierto.
Los 6.500 millones que el Estado va a poner para pagar la subida conforme al IPC saldrán de los Presupuestos Generales del Estado, que se nutren de los impuestos de todos. Pero la parte del león la asumirán las nuevas generaciones.
Ante esta situación, el investigador del CSIC y miembro de Fedea, Angel de la Fuente, se pregunta "si podremos pagar la factura de no ajustar las pensiones a las cambiantes circunstancias demográficas y sobre la conveniencia de un blindaje absoluto de las mismas frente a otras necesidades sociales. Según De la Fuente, "el Estado tendría que inyectar cada año al sistema de pensiones un promedio de entre 3,2 y 5,2 puntos de PIB durante varias décadas para mantener el estatus actual de las pensiones, lo que supondría entre un 34% y un 55% de sus ingresos tributarios. Comprometer incondicionalmente un volumen semejante de recursos a tan largo plazo no parece una opción razonable, y menos aún sin una consideración cuidadosa de los costes de obtener esos ingresos o de los posibles beneficios de sus usos alternativos", reflexiona Angel de la Fuente.