Un vecino moroso es uno de los problemas más habituales que se da en las comunidades. Y de los más delicados, puesto que ante una situación de impago el resto de propietarios no saben muy bien qué se puede hacer legalmente. Ahora, la Ley de Impulso a la Rehabilitación Edificatoria, aprobada en el Senado, viene a reforzar la lucha contra los que no pagan las cuotas. El texto señala que “la junta de propietarios podrá acordar medidas disuasorias frente a la morosidad”, entre ellas el veto para usar servicios e instalaciones comunitarias como la piscina o la pista de pádel.
La norma, en cualquier caso, especifica que "las medidas disuasorias estarán acotadas al tiempo en que persista la situación de morosidad y “no podrán tener en ningún caso carácter retroactivo”. También limita aquellas que “puedan reputarse abusivas o desproporcionadas o que afecten a la habitabilidad de los edificios”. Según las fuentes consultadas por El País, esto significa que "nunca se podrá cortar un suministro esencial". Y además prevén posibles problemas de aplicación en el día a día: "hay quién cuestiona qué culpa tendrían los hijos del moroso que no pudieran bajar a la piscina con sus amigos”.
Los cambios introducidos durante el trámite parlamentario no solo dan cobertura legal para que las comunidades puedan ensayar nuevas formas de presionar a los morosos, también refuerzan la opción jurídica. Concretamente, se alude a un “proceso monitorio especial” para que la comunidad pueda reclamar judicialmente contra el vecino que no paga. En ese procedimiento, se podrá pedir un “embargo preventivo” de los bienes del moroso.
Otro de los objetivos declarados de la norma, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es reforzar la capacidad jurídica de las comunidades de propietarios para que puedan acceder más fácilmente a créditos y acometer rehabilitaciones energéticas u obras de accesibilidad. La nueva ley introduce un esquema de deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en cuanto a la recuperación de los incentivos fiscales por obras en vivienda habitual, condicionado al presupuesto invertido en las reformas y la reducción de consumo energético alcanzado.
Su aprobación por parte del Senado, con 236 síes frente a cinco abstenciones y 16 votos contrarios, habilita una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con un valor máximo de 1.100 millones de euros y avalada por recursos públicos para las reformas en edificios en aras de la sostenibilidad y la accesibilidad. Se trata de los fondos procedentes de los planes de recuperación que la Unión Europea otorgó a España durante la pandemia.