{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Las residencias de personas mayores han sido uno de los epicentros de la COVID-19, donde más se ha cebado, más soledad ha existido y más recursos ha habido que poner para paliar la falta asistencial ordinaria. Ahora, el Defensor del Pueblo acaba de publicar el Informe anual de 2019, donde ya se detectaron las carencias de estos centros.
Este organismo institucional se encarga de recibir las quejas de los ciudadanos y hacer investigaciones y peticiones de información sobre ellas para, anualmente, lanzar recomendaciones a las instituciones afectadas. En este caso, a las comunidades autónomas. Sin embargo, el Informe afirma que, a finales de 2019, tan solo la mitad de las comunidades autónomas habían respondido a los informes solicitados.
Entre las consideraciones y conclusiones globales sobre los aspectos que, a criterio de esta institución, requerirían una atención preferente por parte de las administraciones públicas destacan las siguientes:
Según las conclusiones del informe, "es necesario un número suficiente de personal para prestar servicios en los centros residenciales y, por tanto, se requiere una profunda revisión al alza de las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial, pues se han quedado manifiestamente desfasadas".
España, cuenta el informe, dispone de 4,1 plazas de residencia por cada 100 personas mayores; en total, 372.985 plazas en 2019, y, aunque se desconoce el nivel de ocupación, se estima que se sitúa entre el 75-80%.
Otra de las recomendaciones del Defensor del Pueblo es la necesidad de aumentar el número de plazas en las residencias, tanto públicas como concertadas, "para atender los derechos subjetivos derivados de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía y atención a la dependencia. Por tanto, se requiere de un significativo esfuerzo presupuestario para dotar más plazas".
Además, el informe del Defensor del Pueblo también aclara que "importante mejorar la cualificación del personal que presta sus servicios en el sistema residencial", para lo que las administraciones "deben fomentar e impulsar planes de formación profesional específica para el desempeño de los puestos de trabajo que tienen encomendados".
La incidencia de la COVID-19 en las residencias ha destapado que muchas de ellas no disponían de los recursos médicos necesarios. Por ello, desde el Defensor del Pueblo se apunta a que se podría crear "un modelo de residencias propiamente sociosanitario, con atención médica y de enfermería más amplia y extensa, en España no está regulado ni ha sido así organizado de forma general para todo el sistema. Sería útil estudiar su viabilidad y conveniencia".
Por último, el Defensor del Pueblo también hace hincapié en que las comunidades autónomas deben reforzar los sistemas de inspección de las residencias para detectar anomalías en ellas.
"Es imprescindible que las comunidades autónomas creen con urgencia, o en su caso incrementen adecuadamente, unos servicios de inspección suficientemente dotados de personal correctamente formado, para que puedan llevar a cabo su función de vigilancia de forma eficaz, para que los centros mantengan los requisitos normativos exigidos para su correcto funcionamiento y unos niveles adecuados de calidad en la prestación del servicio de atención residencial de mayores", aducen.