{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
La nueva legislatura tiene varias asignaturas pendientes, en ellas regular con urgencia el cannabis, tal y como han hecho ya otros países de nuestro entorno. Existen unas 120.000 personas en España que lo usan de un modo medicinal, entre ellos niños, a los que permite encarar el día a día con menos dolor y medicación. El vacío legal en el que se encuentran hace que no puedan acceder a su medicina con garantías sanitarias, y muchas veces deben recurrir al mercado negro o a infringir la ley cultivándola ellos mismos. Además, como ha ocurrido en otros países, una regulación clara puede beneficiar económicamente al conjunto de la sociedad e impedir que las mafias se sigan enriqueciendo con el tráfico de una sustancia ahora prohibida.
El debate sobre la regulación del cannabis está presente en la mayoría de los países de nuestro entorno. Si hace algunos años se hablaba de legalización, ahora se habla con más precisión de que sea el Estado el que regule, velando para que los menores y las personas vulnerables no puedan acceder al cannabis, y estableciendo unos controles sanitarios de la sustancia para los adultos que libremente quieran consumirla.
Aunque la planta es la misma, en el debate se distingue entre el cannabis recreativo, consumido con fines lúdicos, y el cannabis medicinal, indicado para uso terapéutico. A la vanguardia legislativa están Canadá, Uruguay y once estados miembros de EE UU, entre los que está California, que ya han dado el paso regulando el acceso al cannabis y sus derivados. México parece que será el próximo en permitir que cualquier ciudadano mayor de edad pueda acceder, con fines terapéuticos o recreativos, a una planta cuyo uso está documentado desde hace más de 6.000 años.
Hasta la Organización Mundial de la Salud está pidiendo una reforma para que el cannabis cambie su clasificación y deje de estar fiscalizado como hasta ahora. Si en el siglo XX se prohibió, todo parece indicar que en el siglo XXI el cannabis se va a incorporar con naturalidad a nuestras vidas, que la gente va a poder consumirlo sin consecuencias penales, como se consume el alcohol o el café, sustancias cuyos usuarios, dicho sea de paso, también han sufrido a lo largo de la historia episodios de persecución.
Aunque la tendencia internacional parece ir en esa dirección, la velocidad de cada país es diferente. Si en los citados países de América se está a la vanguardia, en segundo lugar está un número mayor de países cuyos gobiernos, por presión en la mayoría de los casos de asociaciones de consumidores terapéuticos, han decidido regular el cannabis medicinal, permitiendo su producción e incorporando el cannabis como remedio en su sistema de salud. Estamos hablando, entre otros, de países como Israel, Sudáfrica, Bélgica, Austria, Italia, República Checa, Polonia, Macedonia, Croacia, Alemania, Suiza, Portugal, Italia, Colombia y 33 de los estados miembros de EE UU.
Según la última encuesta del Plan Nacional sobre Drogas, un 11% de la población española, entre 15 y 64 años, consumió cannabis durante el año 2017, y un 35,2% reconoce haberlo consumido alguna vez en su vida. Las estimaciones hablan de que son más de 3 millones los que en el último año han consumido cannabis en España y las asociaciones de pacientes cifraron hace dos años en 120.000 las personas que usan el cannabis como terapia, una cifra que, según Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), se ha disparado y puede incluir hasta 500.000 usuarios terapéuticos.
Para el psicólogo social David Pere Martínez Oró, coordinador de la Unidad de Políticas de Drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona, "es importante regular el cannabis porque el Estado debe tomar las riendas sobre una substancia que, nos guste o no, continuarán consumiendo miles de españoles. Debemos regular para controlar la calidad, para hacer mejores campañas de prevención y para afrontar una situación que solo mirándola de frente podremos solucionar; si la rehuimos solo estaremos fortaleciendo las redes del narcotráfico. La regulación debilitaría el crimen organizado que corroe los cimientos del Estado de Derecho".
Carola Pérez está de acuerdo y, desde la experiencia que le otorga presidir una asociación de usuarios de cannabis medicinal, añade que "es una irresponsabilidad que el Gobierno esté mirando para otro lado cuando la realidad es que el paciente se está automedicando con una sustancia que no es inocua, sin control médico ni garantías sanitarias sobre la calidad y la dosis".
Según el CIS, un 84% de la población española apoya la regulación terapéutica y un 47,2% se muestra favorable a una regulación integral, tanto terapéutica como recreativa. Sin embargo, en la precaria estabilidad política española, no parece ser una de las prioridades del nuevo gobierno aún por investir. En el programa del PSOE de las pasadas elecciones no se hacía referencia al tema, y su ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, había despachado el asunto despreciando el valor terapéutico del cannabis, unos comentarios que sentaron muy mal a los enfermos: "Llevamos más de cuatro años intentando desde el OECM reunirnos con las diferentes ministras –dice Carola Pérez–, y teniendo que escuchar por la prensa argumentos sin sentido y frases crueles como la que nos dedicó Carcedo, diciendo que ya tenemos suficiente con los opiáceos".
El gobierno de coalición con Unidas Podemos puede deparar alguna sorpresa. Podemos es partidario de una regulación integral, al menos el cannabis medicinal, algo en lo que estarían de acuerdo casi todos los partidos a excepción del PP y probablemente VOX, aunque aún no se han posicionado expresamente al respecto.
Una regulación integral que saque el cannabis recreativo de la ilegalidad y permita su producción y comercio será más difícil que se dé, aunque la influencia de lo que está pasando fuera pueda ayudar. Para Martínez Oró "todo es cuestión de voluntad política. Una regulación integral del cannabis en esta legislatura es más improbable, pero no es inverosímil. Si Luxemburgo saca adelante su regulación integral, España, a menos que quiera dejar pasar una oportunidad social, laboral y económica, deberá seguir al pequeño del Benelux, para convertirse en el primer 'grande' de la Unión Europea en legalizar el cannabis".
En junio del año pasado, con las noticias de la legalización del cannabis en Canadá, y por impulso de Unidas Podemos, se produjo un debate acerca de lo mucho que podía ganar España mediante una regulación integral del cannabis. El diputado Jorge Moruno (ahora en Más País) planteó un paralelismo con el vino, y cómo España podría exportar su marihuana con denominación de origen. Pablo Iglesias se sumó a la polémica opinando en Twitter que "me parece absurdo poder comprar tequila o ginebra en un supermercado y que la marihuana sea ilegal", para concretar unas horas más tarde que "una empresa pública que asegurara un escrupuloso control en el cultivo y comercialización de la marihuana para usos terapéuticos y recreativos generaría ingentes ingresos al Estado que podrían hacernos contar con la mejor sanidad pública del mundo".
¿Cuánto dinero y cuántos puestos de trabajo generarían un mercado legal del cannabis en España? Martínez Oró hizo un estudio para la revista Cáñamo que llegó a la conclusión de que el Estado ingresaría 3.312 millones de euros anuales en concepto de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y que se crearían 101.569 empleos de calidad para producir los 772.313 kilos de marihuana necesarios para abastecer la demanda interior. Eso sin contar el ahorro que supondría evitar el dispendio millonario que supone para el Estado intentar (sin éxito) impedir el tráfico de cannabis.
Pese a que el Gobierno no ha planteado su regulación, ya hay en España unas pocas empresas privadas, con participación de capital extranjero, produciendo legalmente cannabis para otros países. A Carola Pérez le parece una "absoluta contradicción" que los enfermos tengan que recurrir al mercado negro mientras, con la aprobación de la Agencia Española del Medicamento, empresas como Linneo Health (del empresario Juan Abelló y el fondo británico de inversión GHO), están produciendo en España cannabis con fines terapéuticos destinado a la exportación.
"El dolor no puede esperar"
¿Podemos confiar en los políticos para que pongan orden y sentido común a lo que está pasando o será necesaria la movilización social de los afectados? Martínez Oró piensa que "la movilización social es necesaria para mostrar una realidad que no podemos esconder y para exigir la regulación. Pero, en España, quien tiene las llaves de la regulación son las Cortes Generales, así que sin los partidos políticos no habrá legalización. Si los políticos sienten la presión de que deben ordenar una realidad social, no cabe duda que lo harán encantados. Es su deber y obligación". Carola Pérez confía en que la regulación terapéutica no tarde, y les recuerda a los políticos que "el dolor no puede esperar".
Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis y edad media de inicio en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2017. / Fuente: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).
*Fidel Moreno es periodista y director de la revista Cáñamo.
Suscríbete aquí y compartiremos contigo las mejores historias Uppers.