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Empecemos por el principio haciendo un resumen. Tras la crisis del 2008 y la gran cantidad de ruinas que registró nuestro país, Europa obligó a España a aprobar una ley en 2015, llamada de la Segunda Oportunidad, que ayudaba a los empresarios que se habían visto envueltos en un pozo sin fondo de deudas que a su vez iban creciendo y habían actuado de buena fe, a rehacer de algún modo su vida. No se trata de un 'todo vale', de hecho pocos pudieron acogerse a ella, pero sí solucionó algunos túneles sin salida. Francisco Mula, con el que hemos hablado, es uno de ellos. Pero esta ley no es muy conocida para los ciudadanos y apenas un par de bufetes están especializados en ella. Estas semanas, un nuevo artículo deja fuera de la exoneración las deudas a Hacienda y Seguridad Social, seguramente previendo la oleada de cierres por la pandemia. Pero vayamos paso por paso, que el asunto es complejo.
El pasado 7 de mayo el BOE publicó el texto refundido de la nueva Ley Concursal, la normativa que debe regular todos los procesos de liquidación de deudas tras los cierres empresariales que se avecinan. El nuevo texto incluye los artículos referentes a la Ley de Segunda Oportunidad, la última tabla de salvación para aquellos que lo han perdido todo tras un negocio fallido. "Los juzgados se están preparando para un aluvión de concursos de acreedores, sobre todo, en la segunda mitad del año. Muchos autónomos se verán obligados a cerrar sus empresas, y a responder con su patrimonio a las deudas contraídas. El Mecanismo de Segunda Oportunidad puede ofrecerles un respiro", comenta Alberto Velasco, secretario del Consejo General de Economistas.
El Mecanismo de Segunda Oportunidad es una ley del año 2015 que permite que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer, algo que hasta ahora solo estaba permitido a las empresas. Si el juez considera que la persona reúne los requisitos, y no ha actuado de mala fe (esto es muy importante), las deudas quedan exoneradas.
Si esta Ley hubiera existido antes, la vida de Francisco Mula y sus familiares hubiera sido muy diferente. Francisco, su mujer y otros tres matrimonios de la familia, (hermanos, cuñados y cuñadas) se embarcaron en 1985 en una aventura empresarial que funcionó bien por un tiempo. "Montamos una sociedad mercantil que llegó a tener 100 personas en plantilla y a facturar al año 1.500 millones de las pesetas de entonces", cuenta Francisco.
Tras las Olimpiadas de Barcelona 92 la cosa se torció. Por una mala jugada de las grandes constructoras, y la inexperiencia propia de las primeras veces, llegaron las deudas y las líneas de crédito para pagar esas deudas. La crisis del 93 les dio la puntilla y finalmente la empresa suspendió pagos con una deuda de 32 millones de pesetas avalados por los cuatro matrimonios. "Los bancos nos ejecutaron y reclamaron por la vía judicial los avales de la sociedad. A partir de aquí fue la ruina total de la familia, porque nos embargaron prácticamente todo lo que teníamos", así relata Francisco el comienzo de un calvario que ha durado más de 25 años.
Sorprende que en países como Inglaterra (con más de 230.000 expedientes en 2018), Francia (160.000) o Alemania (80.000) este mecanismo de protección esté tan extendido, mientras que en España sólo recurrieron al concurso consecutivo 3.839 personas en 2018. "Lo que pasa es que es una Ley impuesta por Europa, que se ha divulgado poco y mal. No la conocían ni los jueces", comenta Enma Morón, del equipo de Repara tu Deuda uno de los despachos de abogados pioneros en segunda oportunidad. El año pasado había en España 15 despachos de este tipo, ahora hay más de 100.
Ante la gran demanda que se está produciendo y la situación de insolvencia de muchos afectados algunos colegios de abogados, como el de Barcelona o el de Valladolid, han planteado la necesidad de crear un turno de oficio para estos casos. Por su parte, desde la Asociación Profesional de Administradores Concursales se propone "un plan nacional para la segunda oportunidad promovido desde los poderes públicos".
No todo el mundo puede acogerse a esta Ley, y has de saber que las deudas se perdonan solo después de haberlo perdido todo. Para empezar debes cumplir los siguientes requisitos:
El primer paso es intentar un acuerdo extrajudicial. Consiste, básicamente, en la celebración de una reunión para renegociar las condiciones de la deuda con los acreedores. Este acuerdo estará tutelado por un juez, y puede intervenir un mediador. Durante el acuerdo extrajudicial, se deberá proponer un plan y un calendario de pagos para que el deudor pueda hacer frente a las deudas. La duración de estos acuerdos no puede ser superior a diez años. Por ejemplo, si tras cerrar tu negocio consigues un trabajo con un sueldo de 1.300 euros y tus gastos imprescindibles (vivienda, alimentación, luz, agua, gas) ascienden a 1.200 euros, sólo pueden obligarte a pagar a tus deudores 100 euros al mes durante diez años. Por lo general, lo más habitual es que el acuerdo extrajudicial acabe rechazado.
Si los acreedores no aceptan el acuerdo, se solicita en el juzgado el BEPI, beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, esto es, la exoneración del pago de las deudas a las que no puedes hacer frente. Se trata de un proceso en el que el juez analiza tu situación económica y decide si te concede o no la exoneración del pago de la deuda. Si consigues el BEPI te habrás librado de la deuda, aunque los acreedores puedan pedir que se revoque si comprueban que hay un incumplimiento del plan de pagos, la existencia de ingresos o bienes que se han ocultado, o la mejora de la economía del deudor.
Francisco y su familia no tuvieron esa oportunidad. "Al tener los bienes embargados no pudimos venderlos a precio de mercado. Los administradores concursales hicieron el agosto. Subastaron los locales de la empresa y los pisos de los cuatro matrimonios por valores irrisorios. En estas subastas había una mafia que lo controlaba todo. En la primera puja salían los pisos al valor del mercado, pero nadie pujaba y quedada desierta. Luego bajaban al 50%, y tampoco se pujaba. En tercera instancia se pujaba por un precio libre, que los subasteros habían acordado previamente, y conseguían los pisos por cuatro duros", denuncia Francisco.
Al final, lo perdieron todo, la deuda seguía creciendo y empezó la persecución. "Durante 25 años hemos sido acosados y perseguidos, sobreviviendo en la economía sumergida porque si firmábamos un contrato, nos embargaban la nómina, y con una deuda que crecía de manera descontrolada y que no podíamos pagar de ninguna manera. Llegó un momento en que las entidades financieras vendieron nuestra deuda a fondos buitre. Nos llamaban a horas intempestivas, nos tocaban al timbre, les contaban a los vecinos lo que debíamos... Ha sido algo espeluznante", relata todavía emocionado Francisco Mula.
Las deudas con Hacienda y la Seguridad Social no se pueden cancelar, lo que mantiene endeudados de manera perpetua a los afectados. Una de las reclamaciones de los interesados, abogados, economistas y administradores concursales es que se perdonaran también estas deudas, al menos, a los afectados más vulnerables. Una sentencia del Pleno del Tribunal supremo de 2019 apuntaba en esa dirección, y de hecho, así aparecía recogido en el anteproyecto de ley enviado al Senado, pero la sorpresa ha sido mayúscula cuando el texto publicado en el BOE ha eliminado este punto.
Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales, es crítico con el articulado publicado: "hay que reducir al máximo, si no eliminar, los privilegios de las administraciones públicas, de otra manera se hace imposible volver a poner en marcha cualquier iniciativa empresarial". Para el secretario del Consejo General de Economistas, Alberto Velasco, "ha sido un jarro de agua fría. Entendemos que al legislador le de miedo, porque no se puede abrir el grifo a todos por igual, pero se puede hacer de manera escalada para personas físicas más vulnerables o autónomos hasta determinado nivel de ingresos. En todo caso, la exoneración de los créditos públicos se puede hacer en cualquier momento a través de un decreto ley", explica Alberto.
Por su parte, Julián Alarcón, socio fundador de empiezadecero.es, uno de los numerosos despachos de abogados que de un tiempo a esta parte han visto en esta Ley una línea de negocio, es más contundente: "han cercenado la Ley actuando contra la jurisprudencia, ya que hay una sentencia del Pleno del Tribunal Supremo que dictamina que se deben incluir todos los créditos, incluidos los públicos". Los expertos consideran que en junio de 2021 España se verá obligada a modificar este punto para acatar una directiva europea que insta a los Estados miembro a legislar en esta dirección.
Cuánto cuesta. Para realizar todo el procedimiento debes contratar abogados especializados. Existen diferentes ofertas en el mercado, pero todo el proceso puede costar entre 2.500 y 8.000 euros en función de si hay que proceder a la liquidación de patrimonio o liquidar deudas con Hacienda o la Seguridad Social. Al pedir presupuesto, solicita que te aclaren bien qué conceptos están incluidos como puedan ser abogado, notario y costas judiciales durante al menos cuatro años.
Normalmente sí. Se liquidará para hacer frente a la deuda. Hasta ahora, si vendías la casa y no obtenías lo suficiente para pagar la hipoteca, tenías que pagar la cantidad restante, pero esta Ley pone fin a esta situación, ya que el 100% de la deuda sería cancelable aplicando una dación en pago de facto. Es decir, una vez entregada la vivienda, el deudor podrá ser exonerado del pago de la cantidad restante de su hipoteca. En determinados casos el Juez puede considerar que el deudor debe quedarse con su vivienda para no generar más deudas, por ejemplo si la hipoteca es superior al valor de venta de la casa, o si ésta necesita ser rehabilitada para venderse.
Los procedimientos más sencillos suelen llevar de dos a tres años. Si hay que liquidar patrimonio y resolver deudas con Hacienda y la Seguridad Social, se puede alargar a los cuatro años. La actual saturación de los juzgados en todo tipo de causas, y que este procedimiento no es muy conocido por notarios, jueces y secretarios judiciales, hará seguramente que los procesos judiciales que se inicien ahora se alarguen notablemente.
La Ley de Bancarrota protege desde hace 100 años a los emprendedores de Estados Unidos cuando las cosas salen mal en los negocios. Gracias a esa Ley, Walt Disney pudo salir adelante cuando pintaban bastos, y crear un imperio que hoy da trabajo a cientos de miles de personas, además de crear a personajes inolvidables, como Pluto o el Pato Donald. Otro Donald, Trump, también se ha acogido a esta ley en varias ocasiones, al igual que el magnate de la industria del automóvil, Henry Ford, o Steve Jobs, el visionario creador de Apple o Iphone.
En 2015, apenas promulgada la Ley de Segunda Oportunidad, Francisco Mula comenzó un proceso judicial que terminó en 2017, cuando el juez le concedió el BEPI, el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, las palabras liberadoras que todo encausado espera escuchar. "Ha sido volver a nacer de nuevo, es como cuando te dan la mejor noticia de tu vida. Uno no sabe lo que es poder comprar un electrodoméstico a tu nombre, o tener una tarjeta de crédito. Y sobre todo poder vivir sin la angustia de no poder pagar. Todo el que debe dinero lo que quiere es pagarlo, porque no duermes pensando en que debes dinero. Lo que quieres es ganar para poder pagar, nadie se entrampa por gusto, y esta ley permite a la gente empezar de nuevo", explica Mula, que se jubiló tras la sentencia.
Finalmente, los juzgados han exonerado de pagar a los cuatro matrimonios cerca de un millón de euros. La última sentencia se dictó el año pasado y liberó a su cuñada, además de la deuda, del embargo de la pensión de invalidez que arrastraba desde hace años. La justicia ha llegado tarde para estas cuatro familias, "aquellas deudas han condicionado toda nuestra vida, y aún hoy a veces no cogemos el teléfono pensando que todavía nos persiguen aunque ya no debemos nada". Francisco se alegra de que su historia al final haya salido bien, y espera que esta Ley se de a conocer y pueda beneficiar a mucha gente, porque como afirma "una pesadilla así no se la deseo ni a mi peor enemigo".