El calor vuelve a apretar en este tramo final de agosto, pero ya se empieza a vislumbrar luz tras este túnel tan sofocante y se espera que la ola empiece a remitir a finales de mes. Lo cual será bastante oportuno, porque a partir del próximo 1 de septiembre los aparatos de aire acondicionado, los congeladores y en general los equipos de refrigeración serán hasta un 10% más caros en España. ¿El motivo? La ley 14/2022 sobre Transparencia, que trae consigo un nuevo impuesto de gases fluorados.
Se trata de una reforma de un impuesto que ya existía, pero que solo se repercutía a los que vendían directamente los gases fluorados al consumidor final. Ahora, con el cambio introducido, se gravará la fabricación o instalación, por lo que se notará en nuestros bolsillos.
Así, el nuevo impuesto grava a todos los actores que tienen alguna relación con estos gases: fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o instalación de equipos de refrigeración. Así, sectores como la automoción, la hostelería, los supermercados, la industria alimentaria, y los grandes almacenes que comercialicen este tipo de productos se verán afectados. De hecho, en caso de incumplimiento de la ley e impago de este impuesto, la ley recoge diferentes multas.
Éstas pueden ascender hasta los 1.500 euros en caso de “incumplimiento de la obligación de inscripción en el Registro territorial del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero prevista en los números 3 y 5 del apartado dieciséis”. En caso de que se produzca la existencia de “diferencias en menos de los gases objeto del impuesto en los fabricantes”, la multa será del 100% del importe de la cuota que hubiese correspondido a dichos gases.
Según la AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías) este nuevo impuesto encarecerá el precio de los equipos de refrigeración y aire acondicionado entre el 5 y el 10%, informa Idealista.
Desde varias asociaciones empresariales critican también que que esta propuesta "repercutiría en diferentes sectores de la economía, pero también en los hogares o el pequeño comercio", señalando que el nuevo impuesto "no tiene nada" que ver con la Ley de Transparencia. Las asociaciones sostienen que el impuesto "no cumple en su diseño con la finalidad propia, ya que los gases por los que se tributa son insustituibles desde el punto de vista tecnológico, y por lo tanto, suponen directamente un impuesto a la actividad del sector".