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Si estás jubilado, en 2023 disfrutarás de la mayor subida de pensiones de la historia, por encima del 8%. Para una pensión media de jubilación de 1.200 euros esto supone unos 100 euros más al mes, 1.400 euros al año. La cara oculta de la jugada está en la ampliación del periodo de cálculo que prepara el Gobierno: según algunos estudios, la mayoría de futuras pensiones perderán entorno al 9% de su valor.
El IPC adelantado de agosto ha sido del 10,4%. De noviembre del año pasado a hoy, la inflación media se sitúa en el 8,4%, lo que significa que de mantenerse esta situación, las pensiones deberían subir un 8,4% el año que viene. Recordemos que la subida se calcula con la media del IPC de noviembre a noviembre, y nada hace pensar que la inflación vaya a descender por debajo del 7% de aquí hasta entonces. De confirmarse estos datos, sería la mayor subida de pensiones de la historia de España.
Los analistas esperan un recrudecimiento de la crisis energética en Europa a partir de septiembre, con aumentos fuertes del precio del gas, lo que repercutirá en el precio de la electricidad y dificultará un descenso de los precios. Las entidades financieras han ido revisando al alza el aumento del IPC. Funcas sitúa el IPC de noviembre el 8,8%; el Banco de España, en el 7,5%; Bankinter, en el 8,8%, y BBVA, por encima del 8%.
Escrivá ha defendido por activa y por pasiva que las pensiones subirán en 2023 conforme al IPC, tal y como estipula la Ley aprobada en el Parlamento. Ningún partido político excepto Ciudadanos se ha posicionado en contra, y 2023 es año electoral, con lo que es poco probable que el PP se manifieste en contra de la subida, pese al aumento del gasto que supone, unos 14.000 millones de golpe, y pese a los recelos de Bruselas.
Precisamente para acallar a Europa, en lo que queda de año se pondrá sobre la mesa de diálogo social una medida que sí va a influir y mucho en los futuros pensionistas: la modificación de los años cotizados que se tienen en cuenta para calcular las pensiones. Ahora se calculan según lo cotizado en los últimos 25 años. Lo que plantea el Gobierno es ampliar ese periodo a los 35 últimos años para los trabajadores con carreras estables, la mayoría, y poner en marcha otras medidas para carreras intermitentes o con periodos de baja cotización.
Según un estudio publicado este verano por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Ivie, pasar de considerar los últimos 25 años a los últimos 35 "en términos globales supondría una disminución de la cuantía inicial de las pensiones de casi un 9%".
Otra posibilidad es que se pudieran elegir de entre los últimos 35 años cotizados, los 25 mejores. En este caso, según el estudio, las pensiones subirían un 5,6%, por lo que se tiraría por la borda el objetivo de ahorro perseguido. En este caso los más beneficiados serían los de bases de cotización más bajas, los de carreras de cotización cortas, los hombres y los autónomos.
La ampliación del periodo de cálculo está dentro de las medidas acordadas con Bruselas en materia de pensiones dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, por lo que se tiene que hacer sí o sí. Y debe resultar un ahorro importante para las cuentas públicas, que compense en parte el desmesurado e imprevisto aumento de gasto público producto de la escalada de precios y la indexación de las pensiones al IPC.
Lo que ocurre es que la negociación va a ser complicada. El Gobierno debe contener el aumento de gasto y equilibrar unas cuentas públicas que están despertando la avidez de los mercados financieros. La elevada deuda, en torno al 120% del PIB, es un talón de Aquiles al que los mercados pueden apuntar para disparar nuestra prima de riesgo y obtener pingües beneficios, que es lo último que quiere Bruselas.
Por otro lado los sindicatos no quieren ni oír hablar de ampliar el periodo de 25 a 35 años, ya que saben que supone una bajada inmediata y considerable de las nuevas pensiones.
Los empresarios ven con buenos ojos la medida, ya que supondría sanear las cuentas, y que otros contribuyan también a ello, después de verse obligados a subir sus gastos por cotizaciones desde 2023 un 0,6% con la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
De modo que 2023 puede ser un año que pase a la historia por dos razones: la primera por ser el año con la mayor subida de la historia de las pensiones, en torno al 9%, una subida nunca antes vista de la que se beneficiarán todos los jubilados actuales.
Y la segunda, porque puede ponerse en marcha el nuevo método de periodo de cálculo que supondría una rebaja de hasta el 9% del 70% de las nuevas pensiones y, eso sí, que beneficiaría a las bases de cotización más bajas, a los autónomos, y a los cientos de miles de trabajadores que se han visto obligados a abandonar el mercado laboral prematuramente, y cotizar poco y mal esos últimos años de carrera.