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El nuevo modelo de atención residencial que propone el Gobierno contenta a los expertos pero espanta a los empresarios. Hemos tenido acceso al borrador que prepara el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, donde se especifica cómo deben ser las residencias del futuro, si quieren conseguir licencia para cuidar.
Uppers ha tenido acceso al borrador del "Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)" (descargar) que establece los requisitos mínimos que deberán cumplir las residencias y centros de día a partir de 2023 si quieren obtener el visto bueno de las administraciones.
Este documento es importante porque sin la acreditación de las administraciones, las residencias no podrán recibir el dinero del Sistema de Atención a la Dependencia, es decir, las prestaciones que paga la administración por el cuidado de cada persona atendida en una residencia o centro de día.
Los requisitos mínimos que plantea el documento para todo el Estado son los siguientes:
La medida que más polémica ha desatado en el sector se refiere al número de plazas por residencia, "no se podrán acreditar centros cuya construcción se inicie tras la transposición normativa que se haga del presente acuerdo por parte de las administraciones competentes, cuando superen las 50 plazas residenciales"
También se dice en el texto que "los centros ya acreditados que superen las 50 plazas deberán presentar un plan de adecuación, bien sectorizando de forma totalmente independiente sus instalaciones, bien reduciendo paulatinamente su número de plazas preferentemente a través de la reconversión de habitaciones de uso colectivo a uso individual".
Además se establece que las nuevas residencias deben estar preferentemente en núcleos urbanos y bien comunicadas por transporte público.
También se exigirá que las nuevas residencias tengan los espacios comunes y los propios bien diferenciados, y que los espacios de convivencia serán configurados como "unidades de convivencia estables donde convivirán un grupo reducido de personas de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar. Junto con las personas que conviven, formarán parte de la unidad de convivencia el personal de atención directa, que deben tener una estabilidad dentro de la unidad".
Las residencias deberán permitir meter en las habitaciones los muebles y otras cosas de la persona, menos la cama, que deberá ser adaptada para proporcionar mejores cuidados.
La relación entre el número de trabajadores de atención directa y el número de residentes, (ratio de personal), es uno de los parámetros que condicionan que la calidad de los cuidados en las residencias sea mejor o peor. Hablamos de personal de atención directa, esto es, cuidadores y gerocultores, los que tratan de primera mano y día a día con las necesidades de los residentes, bañarles, asearles, vestirles, moverles, alimentarles si es el caso...
En cada CCAA se exige un número distinto de personal, y a mayor grado de dependencia, mayor número de personal de atención directa requerido. En la actualidad este ratio está entre un 0,25% para residentes válidos y un 0,45% para personas con gran dependencia, pero hay muchas diferencias según las CCAA.
El nuevo documento propone unos ratio mínimos y comunes para toda España que deberán ser del 0,42% en 2023, al 0,50% en 2027, es decir dos residentes dependientes por cuidador en 2027.
La nueva revolución de la atención a los más mayores pretende que la gente que tenga que ser cuidada en una residencia no renuncie a la vida. Para ello se vigilará que "cada residente tendrá un plan personal de apoyos en el que se planificarán y se hará seguimiento para el desarrollo y disfrute de su proyecto y estilo de vida"
Este plan recogerá las preferencias y voluntad de la persona respecto a cómo quiere vivir, así como sobre las cuestiones que son significativas para ella y se deben respetar por parte de todos los que participen en su sistema de cuidados. La persona residente participará y tendrá un papel central en el diseño, ejecución y seguimiento de su plan, así como otras personas de su elección, que son importantes para ella.
Se establece la figura del personal de referencia, que son quienes coordinan el plan de apoyos personales y se comunican y planifican con el resto de personal que apoyan a la persona residente en el día a día, así como con su familia, cuando lo persona lo elije. Es el enlace entre la familia, el residente y el resto del equipo, y debe tener una visión global de la persona, sus expectativas, preferencias y estilo de vida.
Se utilizarán sistemas de Planificación Personal Anticipada y protocolos de Voluntades Anticipadas, preferiblemente en el momento de acceder al centro, que contribuyan a que mejore la atención cuando se acerca el final de la vida y a que se respete la voluntad y preferencias de las personas residentes.
El documento que maneja el Gobierno también quiere evitar en el futuro que se repita el problema que hubo en las residencias cuando estalló la pandemia, y los mayores no fueron derivados a los hospitales. Para ello especifica que "la atención sanitaria en los centros residenciales será responsabilidad del sistema sanitario público que, garantizará el mismo nivel de acceso a la cartera de servicios que al resto de la población. A efectos de la estructura de servicios del sistema de salud, el domicilio del centro residencial será considerado el domicilio habitual de las personas atendidas".
Los empresarios se han mostrado muy contrarios a las medidas que propone el documento, en especial en lo referente a la limitación del número de plazas de los centros y su reconversión en unidades de convivencia. Hay que recordar que el 51% de las 6.000 residencias que hay en España tienen más de 100 plazas, y tan sólo el 20% tienen menos de 50 plazas.
La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, se ha manifestado "radicalmente en contra" de la propuesta porque "la medida del centro no tiene nada que ver con la calidad que se presta. Puede tener la misma calidad asistencial, sanitaria y hotelera una residencia de 100 plazas que una de 25 plazas. "No estamos de acuerdo en reducir el número de plazas de los centros, y no creo que los autores del borrador hayan reflexionado respecto el incremento de costes que esto significará, por no hablar de la viabilidad de muchos proyectos empresariales que están sosteniendo un sector claramente infrafinanciado", subraya la presidenta de esta patronal.
Por su parte, Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), que engloba a los grandes grupos residenciales, opina que "para que haya una atención de calidad es necesario un número de camas que hagan viable el proyecto, la inversión tecnológica, el personal cualificado, la amortización del inmovilizado, y lo que es más importante… la praxis habitual y repetida que genera la experiencia necesaria para ofrecer una atención de calidad". "En el mundo sanitario nadie se cuestionaría este tipo de reducción, porque sencillamente es imposible. ¿Se imaginan ustedes hospitales de alta tecnología con un máximo de 50 camas? No, porque no tiene nada que ver una atención cercana y orientada al paciente con el número de camas del hospital", argumenta.
Por su parte, el responsable de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias, Vicente Botella, se pregunta si "limitar a 50 la capacidad de los centros es una medida útil para algo. Sinceramente no. Es tan solo una falacia normativa que no mejorará la asistencia a los ingresados y les coartará a la hora de elección de centro", asegura Botella.
Para Pilar Rodríguez, ex directora general del Imserso y ahora presidenta de la Fundación Pilares, que defiende la transición en los cuidados hacia el modelo de atención centrada en la persona, "la elaboración de un conjunto de estándares de calidad para todo el Estado es una propuesta muy bienvenida por nuestra parte", afirma Pilar.
En cuanto al número de plazas por residencia Pilar Rodríguez explica que "existe mucha evidencia publicada sobre los beneficios de las unidades de convivencia, siempre y cuando el tamaño de estas sea menor de 15 personas, para que realmente pueda hacerse una vida cuasi familiar. Por eso considero importante que pudiera incluirse en el Acuerdo de las CC.AA. esta cuestión con más énfasis que el número total de plazas que se exige. 50 plazas como máximo es muy razonable para personas con discapacidad y, en cuanto a las personas mayores, puede serlo también en núcleos pequeños de población, pero para las ciudades, donde resulta tan difícil encontrar suelo en el medio comunitario, podría ser suficiente establecer un número máximo de 70/80 plazas", concluye Pilar.