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Dime donde vives y te diré cuánto vas a tardar en gestionar las prestaciones de dependencia. Si tienes previsto solicitar una prestación económica o pedir una ayuda a domicilio o una residencia, hazlo ya. Los tiempos de espera medios están por encima del año y medio desde que presentas la solicitud a cuando recibes la prestación o el servicio. Pero todo depende de la CCAA donde residas. Las más tardonas son Canarias y Andalucía; las más diligentes, Castilla y León y el País Vasco.
La tramitación de las prestaciones de la Ley de Dependencia es una carrera de obstáculos en un cenagal burocrático que dura de media en España más de un año. Si necesitas una residencia para un familiar, dependiendo de donde vivas, puedes tardar desde medio año a dos años y medio en que te la concedan. Lo mismo pasa con la ayuda a domicilio, o con las prestaciones económicas para cuidados familiares. La Ley estipula que cualquier procedimiento administrativo debe estar resuelto en seis meses, pero esto parece que no rige con la Ley de Dependencia, porque los plazos se superan ampliamente de manera sistemática.
Esta carrera para ultra atletas de ventanilla a las que se ven abocadas las familias, comienza con la presentación de la solicitud, que debes acompañar con documentos como un informe médico, un certificado de empadronamiento o los datos de la Renta que no todo el mundo tiene en casa. Después, hay tres hitos esenciales que debes alcanzar.
Ciudadanos de primera
La responsabilidad derivada a las CCAA en materia de dependencia hace que existan 17 sistemas distintos que funcionan de 17 maneras distintas. Esto genera desigualdades entre ciudadanos, que son atendidos más rápidamente en unas CCAA que en otras.
En lo que se refiere a atención a la dependencia debemos recomendarte paciencia infinita si vives en las CCAA de:
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales es la entidad que más años lleva controlando y denunciando las deficiencias (y los avances) en nuestro Sistema de Atención a la Dependencia. Según su último dictamen del Observatorio de la Dependencia, el número de personas que están tramitando las prestaciones pero que aún no las han recibido son 194.000. De estas, 85.000, un 44% del total, son dependientes de grados II y III, moderados y severos, es decir, personas que no se pueden valer por sí mismos de ninguna manera.
Durante 2021 han fallecido 46.000 personas que habían comenzado el proceso y que no habían recibido la prestación a la que tenían derecho. De ellas, 18.000 estaban pendientes de resolución de grado de dependencia, y 28.000 pendientes de resolución de prestación.
El Plan de Choque para la dependencia debería haber servido para reducir en 60.000 personas el “limbo” de la dependencia en 2021, pero sólo lo ha reducido en 39.000 personas. Para los autores del dictamen, la culpa la tiene "el disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios".
La mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados, uno para la valoración del grado de dependencia, y otro para la realización del PIA. Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.
Ante esta situación, o si la resolución del Grado o el servicio asignado no está acorde con las necesidades de la persona dependiente, solo queda recurrir a la justicia por la vía contenciosa administrativa, que es más lenta, farragosa y costosa que la de la jurisdicción social. Aunque las Cortes Generales ya establecieron que estos asuntos se resuelvan por vía de los social, se siguen tramitando por vía administrativa.
Mientras se sigue avanzando en el funcionamiento eficaz del Sistema de Atención a la dependencia, durante el año pasado fallecieron 46.300 personas perdidas en el entramado burocrático, esto es, con el proceso abierto, pero sin que recibieran la prestación o servicio a la que tenían derecho.