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Los problemas con las drogas de Miguel Bosé, el trastorno bipolar del comunicador Angel Martín o el reciente suicidio de Verónica Forqué tras varias depresiones ponen el foco en las enfermedades mentales, más aún después de la pandemia, cuando los datos se han multiplicado exponencialmente. La enfermedad mental en España afectan a cuatro millones de personas, con unos 10 suicidios al día como terrible consecuencia, y sí, su atención en hospitales y ambulatorios deja mucho que desear. Preguntamos a expertos qué habría que hacer y qué inyección de dinero habría que manejar para acabar con las listas de espera de meses. Contratación de más profesionales, plan nacional, presupuestos: queda mucho por hacer.
"La salud mental siempre fue la hermana pobre de la sanidad. No tenemos recursos públicos adecuados para intervenir en esta necesidad sanitaria y social", explica Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental de España, y asesor científico de la Estrategia de Salud Mental 2021-2026, que el Gobierno presentará antes de fin de año.
Los datos le dan la razón. En nuestro país más de un millón de personas sufre un trastorno mental grave. Si sumamos los que sufren trastornos moderados, los afectados llegan a los cuatro millones. El 5,8% de la población confiesa sufrir ansiedad, y casi el mismo porcentaje sufre depresión. Según la Encuesta Nacional de Salud, el 10,8% de la población española ha consumido tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir, y el 4,5% ha tomado antidepresivos o estimulantes en los últimos días.
¿Y qué recursos tenemos para afrontar el problema? Según los datos del informe Mental Headway 2023, España (junto con Bulgaria) son los dos países de Europa con menos profesionales de la Salud Mental sumando psiquiatras, psiquiatras infantiles, psicólogos y enfermeras especializadas, 25 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de Suecia, que tiene 150 y Finlandia con 200.
España gasta apenas el 5.16% de su inversión sanitaria en Salud Mental, la mitad que Alemania, Francia o Suecia que invierten el 10%, mientras que somos el segundo país en prevalencia de los trastornos mentales (depresión, ansiedad y TDAH, los más habituales) con 20.000 casos por 100.000 habitantes.
Fernando Lamata es experto en Salud Pública y Políticas de Salud, lleva 30 años dedicado a la gestión sanitaria y social, especialmente en psiquiatría, y ha intervenido en la elaboración de buena parte de la normativa sanitaria vigente. Lamata explica que es urgente recuperar inversión para el tratamiento de la salud mental. "La inversión actual en servicios de salud mental puede estimarse en unos 4.000 millones de euros. Es prioritario duplicar esos recursos y alcanzar los 10.000 millones anuales", calcula Lamata.
Según el experto, "la carga de enfermedad por salud mental supone entre el 10% y el 25% de la carga de enfermedad por todas las causas, y sólo dedicamos a salud mental un 5,16% del gasto sanitario público. Invertimos la mitad de lo que se necesita por carga de enfermedad", argumenta Lamata.
Se trata de una inversión productiva ya que según Lamata "por cada euro invertido se recuperan entre 4 y 5 en productividad económica y bienestar social". Además, Lamata esgrime otras razones de peso para duplicar la inversión en salud mental: cada día 10 personas se suicidan en España; la esperanza de vida al nacer de las personas con salud mental es de 10 a 20 años menos que la media de la población general; y la mitad de la gente que lo necesita no puede acceder a los servicios de atención a salud mental", enumera el doctor en Psiquiatría.
En los planes del Gobierno no está previsto duplicar la partida de gasto destinada a salud mental. En el Plan de Recuperación y Resiliencia sólo aparecen consignados para prevención y tratamiento de la salud mental 2.505.000 euros.
Pero en octubre de 2021, el presidente Pedro Sánchez anunció la puesta en marcha de Plan de Acción de Salud Mental 2021-2024, con una dotación de 100 millones de euros.
El Plan, que no se ha hecho público tres meses después de su presentación, prevé poner en marcha en 2022, entre otras acciones, "un teléfono de información 24 horas, gratuito y confidencial, para ofrecer atención profesional y apoyo ante la conducta suicida a personas afectadas, también a los familiares, con capacidad de derivación rápida a los servicios de emergencia correspondientes, ante una situación de crisis", comentan fuentes del Ministerio de Sanidad.
Otras medidas del plan serán el impulso de la formación sanitaria en salud mental, el lanzamiento de una campaña para visibilizar los problemas de salud mental, y la incorporación de la especialidad de psiquiatría infantil a la formación sanitaria especializada.
Este Plan de Acción se enmarca dentro de la Estrategia de Salud Mental para 2021- 2026, que el Gobierno presentará antes de fin de año. Esta estrategia o plan de ruta nacional para tratar los problemas de salud mental, comenzó en el año 2006. Tres años más tarde se hizo una segunda versión, y en 2016 se presentó una nueva actualización que nunca llegó a ver la luz. La que ahora anuncia el Gobierno tampoco lleva memoria ni dotación económica, lo que despierta serias dudas sobre su eficacia.
El presidente de la Confederación de Salud Mental, que ha participado en la elaboración de esta estrategia, es claro: "No son recursos suficientes, pero sí unos primeros pasos esperanzadores".
González resume cuál serían a su juicio los recursos necesarios para abordar eficazmente el problema: "El modelo ideal requiere que en los centros de salud de atención primaria haya equipos con al menos un psiquiatra y tres psicólogos, educadores sociales y personal de enfermería y auxiliares".
Para Lamata "debería establecerse un equipo completo de estos profesionales por cada 40.000 habitantes".
¿Pero cómo se saca el dinero? Lamata lo tiene claro, "de los impuestos, es la única forma. La media de ingresos por impuestos en los países de la Unión Europa es del 46% de su PIB. En España sólo recaudamos en 39%. Si llegáramos a la media europea recaudaríamos 90.000 millones más al año, cuatro veces más de lo que necesitamos para completar los presupuestos sanitarios públicos", explica el doctor.
Pese a la falta de psicólogos la administración no aumenta el número de plazas convocadas para Psicólogos Internos Residentes (PIR). En la convocatoria de 2020 se convocaron 189 plazas y este año han salido 198 para un total de más de 4.000 solicitudes. Ivana Delgado, una de las portavoces de los PIR críticos con la gestión del Gobierno, denuncia "el abuso de los psicofármacos cuando no puedes permitirte asistir a una terapia psicológica. Queremos lograr una reforma integral del sistema de salud mental, y creemos que un aumento de plazas mejorará la asistencia”.
El diagnóstico de trastornos mentales aumenta conforme disminuye la renta básica. Desde que empezó la pandemia, el porcentaje de personas con pocos recursos ha aumentado y la depresión o la falta de esperanzas en este grupo casi duplican al de las personas con recursos (un 32,7% frente a 17,1%).
Entre tanto, una de cada tres consultas en atención Primaria tiene relación con problemas psicológicos, pero solo el 10% se deriva a salud mental.