¿Quién tiene derecho a cobrar una pensión no contributiva en 2022?

Aunque la mayor parte de la población de nuestro país cobra pensiones de carácter contributivo, en España existen otro tipo de prestaciones destinadas a ayudar a los ciudadanos que se encuentran en una situación de necesidad económica y que no cumplen con los requisitos básicos para acceder a las ayudas contributivas. Estas prestaciones reciben el nombre de pensiones no contributivas y, tal y como señalan desde la página web de la Seguridad Social, pueden ser de dos tipos: de jubilación y de invalidez. 

A diferencia de las pensiones contributivas, que están gestionadas por la Seguridad Social, las pensiones no contributivas están gestionadas por los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma o las Direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en el caso de Ceuta y Melilla. Para acceder a ellas, no es necesario haber cotizado durante un mínimo de quince años a la Seguridad Social, como sí ocurre con las prestaciones contributivas, pero sí es necesario cumplir con una serie de requisitos, que varían ligeramente en función del tipo de ayuda que queramos conseguir.

El principal requisito para poder cobrar las pensiones no contributivas es encontrarse en una situación de necesidad económica, que se mide según el cómputo total de ingresos anuales. 

En este 2022, para poder cobrar las pensiones no contributivas, ya sea en la modalidad de jubilación como en la modalidad de invalidez, los solicitantes deberán percibir, por norma general, menos de 5.899,60 euros anuales. En caso de que conviva con familiares, no obstante, estas cuantías se elevan, ya que se tienen en cuenta los ingresos percibidos por cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

En concreto, si se convive con el cónyuge o con parientes consanguíneos de segundo grado, se establece una cuantía máxima de 10.029,32 euros anuales, si la unidad familiar la forman dos personas, de 14.159,04 euros, si la unidad familiar la forman tres personas, y de 18.288,76 euros, si la unidad familiar la forman cuatro o más personas.

En caso de que entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentre alguno de sus padres o hijos, estas cifras vuelven a incrementarse. En estos casos, se establece una cuantía máxima de 25.073,30 euros anuales, si la unidad familiar la forman dos personas, de 35.397,60 euros, si la unidad familiar la forman tres personas, y de 45.721,90 euros, si la unidad familiar la forman cuatro o más personas.

Estos requisitos son comunes tanto para las pensiones no contributivas de jubilación como para las de invalidez. Aun así, las dos tienen sus propias especificaciones, que deben cumplirse para poder acceder a ellas.

Si un usuario desea cobrar la pensión de jubilación no contributiva, deberá tener un mínimo de 65 años y residir actualmente en el territorio español. Además, tendrá que haber residido en el país durante un período mínimo de 10 años entre los 16 y los 65 años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Si un usuario desea cobrar la pensión de invalidez no contributiva, en cambio, se exigirá que tenga entre 18 y 65 años de edad, que tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65% y que resida actualmente en España. Asimismo, deberá haber residido durante un periodo mínimo de cinco años en el país, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

La cuantía de las pensiones no contributivas es mucho más baja que la de las pensiones contributivas. De hecho, ni siquiera cubren la mitad del Salario Mínimo Profesional. 

A principios de año, la cuantía básica de estas pensiones estaba cifrada en 5.899,60 euros anuales repartidos en 14 pagas, es decir, 421,406 euros al mes, aunque podía aumentar en un 50%, hasta 8.849,40 euros anuales, en el caso de los beneficiarios de la pensión de invalidez con una discapacidad igual o superior al 75% que acreditaran la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida. 

Desde el 25 de junio, no obstante, estas prestaciones han experimentado un incremento del 15%, a raíz de un acuerdo alcanzado por Bildu para mitigar el impacto que ha tenido la guerra de Ucrania en la economía de los españoles. Este aumento permanecerá, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2022, y cifra las pensiones básicas en una cuantía de 484,61 euros al mes.